Este jueves Amnistía Internacional entregó las conclusiones del informe que realizaron tras un trabajo de investigación en varias ciudades del país tras el inicio de las manifestaciones.
Según reveló la investigadora española Pilar San Martín, tras la investigación pudieron constatar una serie de violaciones a los derechos humanos en el mes de protestas y exigen que los altos mandos involucrados en estos hechos sean juzgados.
"La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", detalla el informe que puntualiza que "en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día".
La investigación además revela que "se ha utilizado armamento militar y de forma indiscriminada" durante las manifestaciones, dejando un saldo de cinco personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2.300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad.
Ante los números obtenidos, la entidad hace un llamado a las autoridades a tomar las siguientes medidas:
- Cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para restringir el uso de la fuerza en línea con los estándares internacionales que rigen la materia.
- Los órganos de justicia deben investigar las responsabilidades de mando en las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis a manos del ejército y carabineros.
- Se hace urgente una re formulación profunda y seria de la institución de Carabineros de Chile con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos en cada una de sus intervenciones.
- Asimismo, solicitamos a las autoridades que aseguren que las demandas de la población sean atendidas al tiempo que se generan reformas de orden legislativo y de política pública.
- Exige a las autoridades el cese definitivo de la represión, además de asegurar la investigación de las responsabilidades respecto de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las manifestaciones.