La Contraloría General de la República entregó sus conclusiones sobre un informe sobre irregularidades cometidas en la municipalidad de San Ramón. En el documento destaca la orden para que el alcalde Miguel Ángel Aguilera justifique unos fondos no incluidos en su declaración de patrimonio, dinero con el que compró un terreno en el año 2016.
"Se constató que el Alcalde, señor Miguel Aguilera Sanhueza adquirió en el año 2016 una propiedad por 13.155 UF, por la que pagó en efectivo la suma de 4.604 UF, monto que a la fecha de la adquisición- ascendió aproximadamente a más de $100.000.000, suma cuyo origen no fue justificado en la declaración de intereses y patrimonio presentada por este. Esa autoridad comunal deberá remitir a esta Contraloría Regional Metropolitana la justificación financiera y tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos con motivo de la adquisición del bien raíz, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. A su vez, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 85 de la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora", consignó la resolución.
Otra materia importante por la que se pronunció se relacionan con acciones cometidas por el concejal (PS) José Miguel Zapata, para la adjudicación de licitaciones, hechos por los que Contraloría anunció un "procedimiento disciplinario, tanto en la Municipalidad de San Ramón como en el Gobierno Regional Metropolitano, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios".
Entre los hechos comprobados, resaltó que Zapata, "en su calidad de Director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San Ramón, SECPLA, tomó conocimiento preciso y detallado de las licitaciones que posteriormente fueron adjudicadas a la empresa de la cual fue dueño, y con la que aun fuera de su propiedad, mantuvo un vínculo, comprobándose que en su rol de secretario comunal, participó en la evaluación y supervisión técnica de la formulación de las propuestas, y luego, en su 'calidad de Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, 'del GORE. Metropolitano, visó los convenios entre esa entidad y el mencionado municipio, lo que implicaría una vulneración al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, desarrollado en el Título 111 de la ley No 1'8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
Además, detalla Contraloría que "se comprobaron pagos insuficientemente acreditados, por la suma de $ 80.550.000, cuyos estados de pago se encuentran visados por el Director de la SECPLA, a pesar de no haberse comprobado que la empresa adjudicataria haya realizado la entrega del total de los productos comprometidos en los términos técnicos de referencia"
Revisa la resolución completa a continuación: