Discrepancias internas ha generado entre los ministros de la Corte Suprema la decisión anunciada el jueves por parte de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) de entregar asilo político al exfrentista Ricardo Palma Salamanca.
Esto tras la declaración pública del vocero suplente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien aseguró que el máximo tribunal "solicitó la extradición del señor Palma Salamanca porque se daban todos los requisitos legales para ello y hasta ahí llega su misión". Además, acotó que "cuando señalé que entendía la decisión del gobierno francés lo hice porque ella era una resolución política administrativa, la jurídica se verá cuando se resuelva la extradición".
Según consignó Emol, las declaraciones de Silva no son compartidas por algunos ministros. Al respecto, Carlos Aránguiz advirtió que su posición personal, al igual que la de otros colegas, es contraria a lo manifestado por el magistrado.
"El otorgamiento de asilo político a un condenado por la justicia chilena actualmente prófugo -y aunque ello se busque atenuar con que el expediente correspondería a la decisión de un ente administrativo autónomo- implica no solo un desaire inaceptable de una decisión autónoma de un Poder Judicial inmerso en un Estado democrático, sino que una muy mala señal internacional respecto de la colaboración mundial contra el terrorismo".
En tanto, el juez Arturo Prado indicó que "así como reconocemos y respetamos la soberanía del Estado francés, debemos ser firmes y categóricos en defender con energía el normal funcionamiento de nuestras instituciones".
Cabe destacar que el Presidente Sebastián Piñera señaló en El Informante de TVN que enviará este lunes una carta a su par francés Emmanuel Macron para ahondar sobre este tema.