Sigue la compleja situación en Corea del Sur luego de que el presidente Yoon Suk-yeol decretara este martes ley marcial, medida que afecta directamente las libertades personales, debido a acusaciones hacia la oposición de cometer acciones "pro norcoreanas".
Pese a que la decisión fue revocada por el propio mandatario, las presión social en las calles en Seúl y otras ciudades coreanas constataron el complejo escenario del país.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que el levantamiento de la ley marcial en Corea del Sur muestra el compromiso de ese país asiático con el Estado de derecho.
"Creo que el anuncio del fin de la ley marcial indica el compromiso actual de Corea del Sur con el Estado de derecho", declaró en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza celebrada en Bruselas.
El político neerlandés reconoció que la situación en Corea del Sur "evoluciona rápidamente" y que ese país es "un importante socio" de la Alianza.
Piden la renuncia del presidente de Corea del Sur
La presión política y social contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha aumentado este miércoles con la presentación de una moción parlamentaria por parte de la oposición para su destitución, después de que el mandatario impusiera la ley marcial y la revocara horas después esta madrugada.
Yoon anunció la imposición de la ley marcial en una declaración televisada antes de la medianoche para proteger el "orden constitucional" de actividades "antiestatales", de las que acusó al principal partido opositor, el Partido Demócrata (PD), al que también calificó de "fuerzas pronorcoreanas".
El propio PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional y arrinconó a Yoon desde que ganó las elecciones legislativas del pasado abril, y otras fuerzas opositoras sacaron adelante una moción para levantar la ley marcial unas seis horas después de ser declarada por Yoon, forzando al Ejecutivo a retirarla.
En caso de ser aprobada la moción de destitución, Yoon quedaría despojado de sus funciones hasta que el Constitucional delibere durante un plazo máximo de 180 días sobre si ha violado la Carta Magna.