El profesor de un colegio de Lima asesinado el lunes frente a sus alumnos era seguido por un presunto sicario desde un día antes, quien lo llegó a buscar a su domicilio, y tenía varios litigios por propiedades con sus familiares, informó este martes el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
El docente que fue asesinado a tiros en un colegio del distrito de Ate, uno de los trece distritos de la capital declarados en emergencia por la inseguridad, tenía "diversos litigios de propiedades con su familia, con hermanastros y primos" y, como consecuencia de estos procesos judiciales, "ya había recibido amenazas de muerte", dijo el ministro.
La esposa de la víctima, identificado como Julio César Pacheco, declaró a la Policía Nacional que la persona que lo buscó en su casa, el domingo pasado, era la misma persona que han identificado como el sicario en los videos de seguridad obtenidos de la zona.
"Lamentablemente, ellos no hicieron las denuncias respectivas en la comisaría, ni en ninguna autoridad policial. Al parecer, no se le tomó la importancia a este hecho", expresó Santiváñez en declaraciones a la prensa desde la comisaría de Ate.
El ministro agregó que se ha desplegado un operativo para ubicar al asesino y a los presuntos autores intelectuales en la región sureña de Ica, donde se ubican los terrenos en los litigios que mantenía el fallecido.
Las clases escolares en el colegio Julio C. Tello, escenario del asesinato, fueron suspendidas por tres días y los alumnos las recibirán en forma remota durante esas fechas, según anunció el Ministerio de Educación.
Según puede verse en imágenes de cámaras de seguridad a las que tuvieron acceso diversos medios locales, el presunto sicario llegó con una caja, simulando ser un repartidor, hasta el colegio.
Poco después del crimen, el ministro de Educación, Morgan Quero, se desplazó hasta la escuela, donde fue recibido por un grupo de madres que le reclamaron por la falta de seguridad.
"No queremos su saludo, queremos seguridad", le dijeron los padres al ministro, a quien reclamaban "acciones" y no "palabras".
En su comunicado, el Ministerio de Educación condenó enérgicamente el crimen y aseguró que el Gobierno no tolera "actos de terror" en los espacios educativos.
El pasado 26 de septiembre, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en 13 de los 43 distritos de Lima y uno de su vecina provincia de Callao, una conurbación en la que viven un tercio de los peruanos.
La medida fue decretada tras una protesta de los transportistas de Perú por la ola de extorsión que sufren, una queja a la que se sumaron muchos otros gremios.