El Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia, por 60 días, a once distritos de Lima y uno en su vecina provincia de Callao, ante la ola de delitos de extorsión que atraviesa la capital y que denunciaron este jueves en un paro los transportistas.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que corresponderá a la Policía Nacional de Perú (PNP) mantener el control interno en esa zona y las Fuerzas Armadas ejecutarán acciones de apoyo para garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, detalló que el Gobierno también remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica como "delito de terrorismo urbano" el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
En este sentido, sostuvo que las personas que enviaran a los arrestados por estos delitos penal de máxima seguridad Challapalca I, ubicado en una zona remota de los Andes, a más de 4.600 metros de altura.
"Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca I para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal", agregó.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que el estado de emergencia se dispone de forma inmediata y que el Ejecutivo continuará evaluando la situación para ampliar dicha condición a otros distritos del país.
Los distritos limeños declarados en emergencia son Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica, así como Ventanilla en el Callao.