Una coalición internacional de organizaciones a favor de la justicia financiera señaló este martes a Chile como ejemplo de buena gestión de los fondos de recuperación post COVID-19.
"Nos parece que en el caso de Chile gastó suficiente en su plan de recuperación, ya que usó el 10% de su PIB, además de canalizar bien los fondos para los más afectados", aseguró a Efe el director de Financial Transparency Coalition (FTC), Matti Kohonen.
El director de la coalición comparó el caso de Chile con el de Argentina, donde también hubo un gran desembolso de fondos, pero destinados en su mayoría a ayudar a las grandes empresas.
Una de las áreas en las que Argentina sí va a la cabeza es en la mejora de las cuentas de ingreso.
El país actualizó recientemente su definición de beneficiarios finales para hacerla más precisa, y aprobó un impuesto a las grandes fortunas que ayudó a financiar su plan de recuperación tras la pandemia.
"Todo esto son buenos pasos", aseguró Kohonen.
MÁS DEL 40% A GRANDES EMPRESAS
El informe de la FTC descubrió que solo el 37% de los fondos de recuperación de COVID-19 de los países analizados se destinaron a medidas de protección social.
Casi el 40%, sin embargo, fueron utilizados para ayudar a las grandes empresas.
En el caso de Latinoamérica, esto dejó especialmente desprotegidos a colectivos más vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas o los trabajadores informales.
La experta que lideró la investigación en la región, Klelia Guerrero, dijo a Efe que "en América Latina, dependiendo del país, aproximadamente el 40 o 50% de los trabajadores son informales. No puede ser que siendo la mayor parte de la población económicamente activa no haya apenas medidas para este grupo".
En su opinión, la principal forma de hacer frente a ese problema es mejorar los registros de trabajadores para incluir a este tipo de personas en los programas de ayudas.