Una comisión gubernamental de Nueva Zelanda tachó este miércoles de "vergüenza nacional" los abusos psicológicos, físicos o sexuales perpetrados durante cinco décadas contra más de 200.000 personas, entre ellos menores de edad, que estaban a cargo de instituciones públicas o religiosas del país.
La Comisión Real de Investigación sobre Abusos en la Asistencia, creada en 2018, publicó hoy 138 recomendaciones en su informe final de 3.000 páginas que recoge los testimonios de más de 2.400 supervivientes, incluyendo bebés, menores de edad, maoríes y personas con discapacidad.
Una de estas historias es la de PM, quien fue violado junto a un compañero por un supervisor del programa juvenil Whakapakari, en la Isla Great Barrier, a finales de la década de 1980, cuando solo tenía 12 años.
"Nos siguió con su pistola y nos dijo: 'Subid a la puta cama'. Puso la pistola en la encimera y nos violó a los dos. Fue demasiado dolor para mí y empecé a chillar y a asustarme, y me aplastó la cabeza contra la puta almohada. Y me quedé en shock. Tuvimos que quedarnos allí toda la noche. Lo que pasó en esa cabaña fue pútrido", según su testimonio.
Ann Thompson, otra superviviente cuya madre la entregó en 1941 poco después de nacer a un orfanato en Christchurch a raíz de una violación, recuerda ser golpeada hasta sangrar e insultada por las monjas que le repetían que "había nacido en una alcantarilla". También sus compañeras mayores la sometían a todo tipo de abusos, de acuerdo con su testimonio, recogido por el informe final de la Comisión Real.
"Este informe sobre la oscura historia de Nueva Zelanda es perturbador y difícil de leer, pero se lo debemos a los supervivientes que tan valientemente compartieron sus relatos para hacer frente a lo que ocurrió", dijo hoy la presidenta de esta Comisión, Coral Shaw, al presentar el documento.
La Comisión pidió en su informe final a las instituciones públicas y religiosas que se responsabilicen por el abuso "generalizado" a miles de bebés, menores y adultos, entre ellos de la minoría étnica maorí, así como personas con discapacidad, según el resumen del documento.
La Comisión también instó a que se enderecen los errores del pasado, pidiendo perdón públicamente, dar más acceso a los supervivientes al sistema legal, entre otras medidas.