El Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo, ha sancionado a varias aerolíneas de bajo costo por cobrar suplementos por el equipaje de mano y la elección de asientos contiguos en casos de menores o personas dependientes. Precedente significativo en la defensa de los derechos de los consumidores, al ser la primera multa de tal magnitud emitida por infracciones calificadas como "muy graves".
Multas y empresas sancionadas
El monto total de la sanción asciende a 179 millones de euros, unos 182 mil millones de pesos chilenos. La mayor parte de la multa, un 60% equivalente a 107 millones, recae sobre la aerolínea irlandesa Ryanair. La compañía Vueling deberá pagar 39 millones, seguida de EasyJet con 29 millones, Norwegian con 1,6 millones y Volotea con 1,1 millones.
Estas sanciones están motivadas por prácticas que, según el Ministerio de Consumo, infringen la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Entre las acciones penalizadas destacan:
- El cobro de un suplemento por el equipaje de mano.
- La exigencia de pago adicional por la reserva de asientos contiguos en casos de menores y personas dependientes.
- La imposición de tasas desproporcionadas por la impresión de tarjetas de embarque en terminales.
- La omisión de información clara sobre precios en sus plataformas digitales.
El ministro Pablo Bustinduy firmó personalmente la orden de sanción, destacando la gravedad de las infracciones detectadas. Estas medidas llegan tras un proceso de investigación iniciado en agosto de 2023, en el que se ofreció a las aerolíneas la oportunidad de presentar recursos y argumentos a su favor.
Postura de las aerolíneas
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa a las compañías afectadas, ha calificado esta decisión como un "sin sentido" y anunció que recurrirán la multa ante los tribunales. En un comunicado, la organización argumentó que la práctica de cobrar por equipaje de mano está respaldada por el Reglamento de la UE 1008/2008 y es común en otros países de la Unión Europea.
Según ALA, esta medida supone una "injerencia ilegal" que vulnera la libertad de mercado y crea un "agravio comparativo" respecto a otros países europeos donde estas políticas no están prohibidas.
Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha acogido favorablemente la decisión del Ministerio de Consumo y augura una posible ola de demandas contra las aerolíneas. En una carta dirigida a las compañías, la OCU instó al reintegro de los importes cobrados de forma indebida, advirtiendo sobre el riesgo de una acción judicial masiva si no se cumple con esta petición.