Adriana Rivas, exsecretaria de Manuel Contreras, reabrió una batalla judicial en Australia para evitar ser extraditada a Chile y así enfrentar a la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Concretamente, la exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) pretende anular la decisión del fiscal general australiano, Mark Dreyfus, quien falló a favor de entregar a la mujer al país, según confirmaron diversas fuentes a la agencia EFE.
La abogada Adriana Navarro, representante de los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas, indicó que el persecutor aceptó hace unas semanas, en una fecha no precisada, extraditarla tras sopesar la decisión desde hace más de dos años.
Se suponía que este era el último paso después de que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, descartara en mayo de 2022 abordar una apelación de la exagente, dejando así en firme un fallo del pleno del Tribunal Federal Australiano en favor de su extradición a Chile emitido en noviembre de 2021.
Sin embargo, a finales de septiembre, la defensa de Rivas, de 70 años, presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno de deportarla, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue, de acuerdo con lo informado por el diario Sydney Morning Herald.
"Este asunto se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Australia", dijo la oficina de Dreyfus en un escueto comunicado enviado a EFE donde se remarca que "no sería apropiado" comentar más sobre este asunto que está en manos de la justicia.
Los familiares de las víctimas de Rivas, que se enteraron de la noticia por los medios, están "indignados por el silencio cruel del Gobierno" que las pone en un "yo-yo emocional entre la esperanza y la decepción", así como "el trato que se les ha dado porque consideran que se tiene más deferencia con la agresora" que con las víctimas, agregó la abogada Navarro en declaraciones a EFE.
Adriana Rivas se mantiene en una prisión de Sídney desde su detención en febrero de 2019 y es requerida por la justicia chilena desde 2018, para juzgarla por su supuesto papel en la desaparición de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista del país sudamericano en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.
Se presume que la chilena, que defiende su inocencia, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional, donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
La mujer viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sídney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.
En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia.