La oficina anticorrupción surcoreana tramitó una petición a la Fiscalía para que impute al presidente, Yoon Suk-yeol, por liderar una insurrección y abusar de su poder al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios considera que Yoon conspiró con el entonces ministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, y otros militares para iniciar un motín declarando la ley marcial.
También, lo acusan de abusar de su poder al enviar tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para impedir que los diputados revocaran el decreto de Yoon.
En caso de que el mandatario sea hallado culpable de liderar una insurrección, delito para el cual un presidente surcoreano no tiene inmunidad, podría ser condenado a cadena perpetua o recibir la pena de muerte, sobre la que existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997.
El presidente de Corea del Sur está arrestado de manera preventiva en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang (al sur de la capital surcoreana), desde el pasado 15 de enero.
A su vez, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si ratifica o no su destitución aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre.
Si el máximo tribunal surcoreano confirma su inhabilitación, deberán convocarse elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.
Yoon se está negando a declarar en la investigación por su posible delito de insurrección, tiene previsto comparecer hoy por segunda vez ante el Constitucional en la cuarta vista oral de su juicio político.