China acusó a Li Chuanliang, exvicealcalde de las ciudades de Jixi y Hegang, en la provincia de Heilongjiang (noreste), de haber acumulado más de 3.600 millones de yuanes (507 millones de dólares, 466 millones de euros) mediante sobornos y malversación de fondos públicos a principios de la década pasada antes de huir del país.
Tras su fuga de China en 2018, el juicio en su contra se celebrará en ausencia, informó recientemente el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Mudanjiang, en la mencionada provinca del gigante asiático.
La corte anunció que el juicio comenzará después de un período de notificación pública de seis meses, durante el cual los familiares de Li y otras partes interesadas podrán decidir si asistir al proceso.
Li fue investigado en julio de 2020, con una orden de arresto emitida en diciembre de ese mismo año; sin embargo, en 2022, Interpol retiró la notificación roja, la alerta internacional destinada a su localización y captura.
Las autoridades congelaron más de 1.400 millones de yuanes (197 millones de dólares, 181 millones de euros) en bienes, incluyendo 1.021 propiedades, 27 terrenos, ocho áreas forestales, 38 vehículos y acciones en 18 empresas.
La sentencia será una de las primeras en aplicarse bajo la modificación de 2018 de la Ley de Procedimiento Penal de China, que facilita la recuperación de activos de funcionarios fugitivos.
Estos activos reflejan las dimensiones del fraude en ciudades económicamente rezagadas como Jixi, donde la producción de carbón sigue siendo la principal fuente de ingresos.
Según un politólogo citado bajo condición de anonimato por el diario hongkonés South China Morning Post, “cuanto más remota y subdesarrollada es el área, menos eficaz es la regulación, lo que facilita la corrupción”.
En contraste, en ciudades como Pekín o Shanghái, es más difícil que un funcionario acumule poder sin ser detectado.
En la plataforma Weibo -semejante a X, censurada en China-, el caso ha generado un amplio debate con más de 22 millones de visitas en publicaciones relacionadas.
Los usuarios lo comparan con el del exbanquero Lai Xiaomin, ejecutado en 2021 por recibir sobornos por 1.800 millones de yuanes (277 millones de dólares).
Muchos se preguntan cómo el antiguo funcionario logró huir sin ser detectado: “¿Por qué fue tan difícil rastrear sus propiedades? ¿Cómo escapó?”, cuestionó un usuario.
Li sostiene desde EE. UU. que las acusaciones en su contra fueron motivadas políticamente para silenciar su oposición al régimen y sus denuncias de corrupción dentro del Partido Comunista Chino (PCCh).
El caso evidencia las dificultades del Gobierno para controlar a funcionarios de menor rango en regiones periféricas, donde la falta de supervisión facilita las actividades ilícitas.
Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales o críticos.
China sancionó a 610.000 funcionarios por corrupción en 2023, según datos de la Comisión Central de Disciplina y Supervisión del PCCh, el brazo anticorrupción del partido gobernante.