El parlamento de Hong Kong aprobó este martes una nueva ley de seguridad tan estricta como polémica.
Las autoridades de la región administrativa especial china, afines al gobierno central de Pekín, la consideran necesaria para garantizar la estabilidad, pero voces críticas temen que erosione aún más las libertades civiles.
El Artículo 23 recoge nuevos delitos como la interferencia externa y la insurrección, con penas hasta de cadena perpetua.
Y, en la práctica, amplía la controvertida Ley de Seguridad Nacional que ya había impuesto China y está vigente desde 2020, donde se tipifican como delitos la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, especificó que el Artículo 23 es necesario para protegerse contra "potenciales sabotajes y corrientes subterráneas que intentan crear problemas", en particular "las ideas de un Hong Kong independiente".
El viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, dijo anteriormente que la rápida promulgación de la nueva legislación protegerá los "intereses nacionales fundamentales" y permitirá a Hong Kong centrarse en el desarrollo económico.
Decenas de personas han sido arrestadas en virtud de la ya existente Ley de Seguridad Nacional desde su aprobación hace cuatro años, creando un clima de miedo según sus críticos.
Según la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, la nueva ley "asestó otro devastador golpe a los derechos humanos en la ciudad", mientras Maya Wang, directora en funciones para China de Human Rights Watch, cree que conducirá a Hong Kong a “una nueva era de autoritarismo".
"Ahora incluso poseer un libro crítico con el gobierno chino puede violar la seguridad nacional y conllevar años de prisión en Hong Kong", afirmó.
Tramitación "exprés"
El proyecto de ley se aprobó en el parlamento hongkonés sin apenas oposición este martes 19 de marzo, tras una consulta de un mes de duración.
La cámara aceleró la fase final de la aprobación del Artículo 23, que se tramitó en el tiempo récord de dos semanas.
El jefe ejecutivo -la máxima autoridad regional de Hong Kong- anunció que lo ratificará el 23 de marzo para su entrada en vigor como ley.
Bajo el principio de "un país, dos sistemas", en teoría el estatus político de Hong Kong concede a este territorio cierto grado de autonomía política y judicial.
Sin embargo, en la práctica, este sistema está fuertemente intervenido por Pekín, que controla el proceso de selección del jefe ejecutivo, asegurándose de que éste se alinee con los intereses del gobierno central.
En cuanto al parlamento, China minimizó la proporción de escaños de elección directa, limitando la representación democrática.
Estas medidas, junto con la intervención en asuntos legales y educativos, han provocado protestas en los últimos años de ciudadanos que acusan a Pekín de no respetar la promesa de autonomía a Hong Kong.
Resistencia de los hongkoneses
Aprobar este proyecto de ley está en la agenda de las autoridades pro-Pekín desde hace más de dos décadas.
Un primer intento en 2003 fracasó después de que los hongkoneses protagonizaran protestas masivas.
Medio millón de ciudadanos salieron a las calles y se enviaron más de 90.000 alegatos al texto durante un período de consulta de tres meses, lo que obligó a las autoridades a dar marcha atrás.
La administración dirigida entonces por Tung Chee-Hwa retiró la propuesta y dimitió su ministra de seguridad.
El gobierno asegura que ahora, en 2024, la promulgación del Artículo 23 tiene un apoyo del 99% según una reciente consulta pública, cifra que expertos ponen en duda.
También argumenta que la vigente Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 ha restaurado la estabilidad en la ciudad tras las protestas generalizadas en favor de la democracia de 2019.
Al menos 260 personas han sido arrestadas hasta la fecha bajo esta ley, que según sus críticos limita la autonomía de Hong Kong.
Sabotaje, injerencia, traición…
La versión de 2024 del Artículo 23 autoriza los juicios a puerta cerrada y le otorga a la policía el derecho a detener a los sospechosos hasta durante 16 días sin cargos.
El gobernador también tendrá autoridad para prohibir a organizaciones y empresas operar en Hong Kong si "trabajan para fuerzas extranjeras".
El proyecto de ley expande así la Ley de Seguridad Nacional, que ya criminaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
Estos son algunos de los delitos que contempla:
- Robo de secretos de Estado y espionaje: su amplia definición de "secretos de Estado" incluye "decisiones políticas importantes", "desarrollo económico o social" y los "asuntos externos" de Hong Kong, entre otras cosas. La redacción es casi idéntica a la de la ley de Secretos de Estado de China, que Pekín está buscando ampliar.
- Sabotaje que amenaza a la seguridad nacional: este nuevo delito apunta a las personas que ponen en peligro la seguridad nacional, ya sea intencionalmente o por “imprudencia”, e incluye acciones online.
- Injerencia externa: otra figura nueva que se refiere a actos de colaboración con "fuerzas externas" para influir o interferir con las autoridades nacionales y locales, como recibir apoyo o dirección financiera de gobiernos extranjeros, organizaciones políticas o individuos.
- Insurrección: implica ayudar a una fuerza armada, o la organización a la que esta pertenece, en un conflicto armado contra China. Las autoridades han señalado repetidamente los disturbios en las protestas prodemocráticas de 2019 como motivos para establecer este nuevo delito.
- Traición: el nuevo proyecto de ley expande la figura de "traición" a quien tenga conocimiento de un supuesto acto de este tipo, pero no lo reporte a las autoridades.
Los declarados culpables de traición, insurrección, incitación a motín a un miembro del ejército chino o colusión con una fuerza externa para dañar o debilitar la infraestructura pública podrán ser condenados a cadena perpetua.
Una ley "represiva" según sus críticos
Las autoridades de Hong Kong argumentan que la mayoría de los delitos descritos en el Artículo 23 se recogen en leyes similares en países occidentales.
Los críticos, por su parte, alegan que la nueva ley dará a las autoridades otra herramienta más para reprimir a los disidentes y cercenar las libertades prometidas a la excolonia británica cuando Reino Unido la devolvió a China en 1997.
El Artículo 23 "llevará la represión al siguiente nivel", declaró la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks.
"La rápida progresión de la legislación bajo el Artículo 23 muestra el entusiasmo del gobierno por desmantelar aún más la protección de los derechos humanos e incumplir sus obligaciones internacionales", afirmó.
Para Eric Lai, investigador del Centro de Derecho Asiático de Georgetown, la motivación política es "más importante que cualquier necesidad práctica" en este proyecto de ley.
"La actual ley de seguridad nacional impuesta por Pekín ya silenció la disidencia y las voces de la sociedad civil. Hong Kong tampoco ha visto manifestaciones a gran escala en los últimos tres años y medio", le explicó al Servicio Chino de la BBC.
Lai también puso en duda que se haya respetado el debido proceso al exigir a los legisladores que examinaran y sacaran adelante un proyecto de ley con tanta rapidez.
"El modo en que las autoridades han intentado acelerar las consultas y la legislación sugiere que el ejercicio de consulta se llevó a cabo por pura formalidad", indicó.
La exlegisladora Emily Lau identificó la nueva ley como "parte de la política de Pekín hacia Hong Kong".
"El gobierno central [de China] realmente no necesita ser tan duro con Hong Kong. Somos una ciudad pequeña, ¿quiénes somos para poner en peligro la seguridad nacional?", alegó.
Lau, exlíder del Partido Demócrata de Hong Kong, recordó que el anterior intento de legislar el Artículo 23 hace dos décadas generó discusiones y debates que fueron "permitidos por el gobierno".
Esta vez, sentenció, “el ambiente es totalmente diferente. El Hong Kong de entonces y el de ahora son como dos mundos distintos".
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