El gobierno de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento temporal de las sanciones que pesan sobre el petróleo, el gas y el oro venezolanos.
La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense, se adopta en respuesta al acuerdo que alcanzó el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición para establecer garantías electorales con miras a los comicios presidenciales de 2024.
"Estados Unidos celebra la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria y los representantes de Maduro. En consonancia, el Departamento del Tesoro de EE.UU. autoriza las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas, y el sector del oro de Venezuela, así como la eliminación de la prohibición de comercio secundario".
Una primera licencia autoriza por un plazo de seis meses las transacciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas. La segunda da luz verde a operaciones con Minerven –la empresa estatal venezolana de extracción de oro– lo que, según el Tesoro de EE.UU., permitirá reducir el mercado negro.
Además, se modificaron dos licencias para eliminar la prohibición de negociar en el mercado secundario determinados bonos soberanos venezolanos, así como deuda y acciones de PDVSA. Sin embargo, se mantiene la prohibición de negociar en el mercado primario de bonos venezolanos.
El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, aclaró que las medidas podrían modificarse o revocarse en cualquier momento, si los representantes de Maduro no cumplen sus compromisos.
"Todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela continúan en vigor, y seguiremos exigiendo responsabilidades a los malos actores. Estamos con el pueblo venezolano y apoyamos la democracia venezolana".
Varios senadores republicanos criticaron duramente la decisión del gobierno de Biden.
“Su último truco es aliviar las sanciones al brutal régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos nunca debería suplicar petróleo a dictadores socialistas o terroristas”, dijo el senador John Barrasso.
Candidatos habilitados
El secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que señala que EE.UU. espera que antes de que finalice noviembre Venezuela defina un cronograma y un proceso específico para la habilitación de los candidatos.
"Todos los que quieran presentarse a las elecciones presidenciales deben tener la oportunidad de hacerlo, y tienen derecho a la igualdad de condiciones electorales, a la libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física", reza el comunicado.
También dijo que Estados Unidos espera que el gobierno de Maduro comience la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente.
"Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el pueblo venezolano y seguiremos trabajando con la comunidad internacional para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de derecho, de modo que los venezolanos puedan reconstruir sus vidas y su país".
El acuerdo
El gobierno y la oposición de Venezuela firmaron este martes un acuerdo para celebrar los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024.
En Barbados las partes pactaron una serie de acuerdos que incluyen, entre otras garantías electorales, "la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley".
Varios candidatos de la oposición, que esperan enfrentarse en unas primarias internas este domingo, están inhabilitados por distintas razones, entre ellos María Corina Machado, la favorita para ganar.
El jefe de delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que si un aspirante ha sido inhabilitado no podrá ser candidato a la presidencia.
Los analistas consideran que el acuerdo se alcanzó con la expectativa de que EE.UU. anunciara el levantamiento de algunas sanciones, como ocurrió este miércoles.
El pacto entre gobierno y oposición contempla también la observación internacional de los comicios, la definición de un cronograma electoral equitativo, la promoción de auditorías para el proceso y la actualización del registro electoral para incluir a los venezolanos residentes en el exterior, que supone ya un cuarto de la población.
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