Tras semanas de intentos fallidos, el gobierno israelí y Hamás llegaron a un acuerdo para intercambiar a parte de los rehenes en manos del grupo militante por presos palestinos encarcelados en Israel.
Según el acuerdo, que se empezará a implementar este jueves, Hamás liberará en una primera fase a un total de 50 rehenes, mujeres y niños, a razón de 12 por día. Israel, por su parte, liberará a 150 prisioneros.
En una segunda fase, la tregua se extenderá día a día por cada 10 rehenes que libere Hamás.
Hamás, que es considerado un grupo terrorista por potencias como EE.UU. o la Unión Europea, secuestró a alrededor de 240 personas, en su gran mayoría civiles, el pasado 7 de octubre, cuando atacó Israel por sorpresa, matando a unas 1.200 personas.
Entre los rehenes hay bebés, niños y ancianos. Desde entonces, cuatro secuestrados han sido liberados, un fue rescatada y otras dos personas fueron encontradas muertas.
En seis semanas, los bombardeos israelíes en Gaza han matado a más de 14.000 palestinos.
Distintas organizaciones de derechos humanos cifran en unas 7.000 personas la población palestina presa en cárceles israelíes, algunas sin haber pasado por juicio, y casi todas sometidos a tribunales militares.
A lo largo de los años, la ONU ha sido muy crítica con Israel por su tratamiento de los prisioneros palestinos, y ha asegurado que generaciones enteras han soportado “privaciones de libertad arbitrarias, generalizadas y sistemáticas bajo la ocupación israelí”.
Quiénes son los prisioneros de la lista israelí
Israel publicó una lista con 300 nombres de presos palestinos que podrían ser liberados tras el acuerdo alcanzado con Hamás.
Entre ellos, 274 son hombres y 123 son menores de 18 años. Entre ellos hay cinco que solo tienen 14 años y que están encarcelados por lanzar cócteles molotov o intentar provocar incendios, según las autoridades israelíes.
La lista fue publicada porque la legislación israelí exige que, antes de cualquier liberación de prisioneros, los israelíes deben ser informados con un plazo de 24 horas por si quieren apelar al Tribunal Supremo de Israel, lo que demoró el intercambio.
El gobierno israelí se negó a liberar a presos condenados por asesinato, pero sí aceptó que puedan salir de la cárcel prisioneros juzgados por intento de asesinato, como es el caso de algunas de las mujeres palestinas que podrían formar parte del acuerdo.
La mayoría de las condenas entre los palestinos de la lista publicada por Israel son por delitos como tirar piedras o cócteles molotov, obstruir el trabajo de la policía, manifestación ilegal, incendio o posesión de armas o explosivos.
Según el diario israelí Haaretz, los presos pertenecen a Hamás, Al Fatah, la Yihad Islámica o el Frente Popular, aunque muchos de ellos actuaron por libre. Además, un gran número de ellos fueron arrestados pero no han sido juzgados.
Las cifras
Antes del inicio del inicio de la guerra, la ONU situaba la cifra de prisioneros palestinos en unos 5.000, entre ellos 160 niños, según el informe que la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, Francesca Albanese, presentó el pasado mes de junio.
De esos 5.000, unos 1.100 se encontraban detenidos sin cargos o sin haber sido sometidos a juicio.
Sin embargo, desde el 7 de octubre, estas cifras crecieron exponencialmente hasta alcanzar los 7.000, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Addameer, organización que apoya a prisioneros políticos palestinos y sus familias, cifra en 3.035 las personas que han sido arrestadas desde que comenzara la guerra en Gaza en redadas en Cisjordania y Jerusalén Este.
Israel asegura que esas detenciones se enmarcan en operaciones antiterroristas que tienen como objetivo miembros de Hamás en Cisjordania.
Sin embrago, según las cifras de Addameer, entre los detenidos recientes habría más de 200 niños, 101 mujeres, 40 periodistas, 14 miembros del Consejo Legislativo y 50 estudiantes universitarios, según la ONG.
Algunos de ellos fueron liberados desde entonces.
En total, las cárceles israelíes encierran a más de 7.000 palestinos, asegura a BBC Mundo la abogada Tala Nasir, que trabaja con Addameer, que significa “conciencia” en árabe. La organización utiliza datos del Servicio Israelí de Prisiones, que gestiona las cárceles israelíes, y de las familias de presos.
Israel clasificó a Addameer como organización “terrorista” en 2021 junto a otros cinco grupos de derechos humanos palestinos, una designación que tanto la ONU como otros organismos internacionales de derechos humanos rechazaron.
En el último mes, además, seis presos palestinos murieron en centros de detención israelíes. Cuatro de ellos habían sido arrestados después del inicio de la guerra.
Tala Nasir asegura que “por el momento no conocemos las circunstancias en las que murieron porque el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha tenido acceso a los detenidos desde el 7 de octubre”. Las edades de los fallecidos, todos hombres, están entre los 25 y los 58 años.
Según el informe de Francesca Albanese, “desde 1967, más de 800.000 palestinos, entre ellos niños, han sido detenidos en base a una serie de normas autoritarias promulgadas, impuestas y dictadas por el ejército israelí”.
Israel rechazó sus conclusiones y aseguró que su mandato fue creado con el único propósito de “discriminar a Israel y a los israelíes”.
Detención administrativa
De los últimos arrestados, más de 2.500 se encuentran en detención administrativa, según Addameeen, una cifra que Nasir asegura que “no tiene precedentes”.
Otras organizaciones israelíes como el Centro para la Defensa del Individuo, HaMoked, cifraba el 1 de noviembre en 2.070 los palestinos detenidos en este régimen.
La detención administrativa es un procedimiento que permite al ejército israelí mantener a los prisioneros “sin cargos, sin juicio, de forma indefinida, bajo un sumario secreto, así que ni hay juicio justo, ni garantía y, a veces, ni siquiera juicio”, explica la abogada palestina.
Israel se basa en tres leyes diferentes para llevar a cabo este tipo de arrestos, que pueden prolongarse hasta dos años, según las asociaciones de derechos humanos.
“Supuestamente está pensado para situaciones extremas en las que hay, por ejemplo, una bomba y tienes que impedir que alguien haga algo concreto, pero en Palestina Israel lo utiliza de una forma mucho más liberal, y esto es claramente una violación de los derechos humanos”, explica a BBC Mundo Roy Yellin, del Centro Israelí de Información para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B’Tselem.
En esta situación se encuentran también niños.
El acuerdo de intercambio de rehenes por presos alcanzado entre Israel y Hamás fue bien recibido por las organizaciones de derechos humanos.
“Retener a personas como rehenes es en sí ilegal, un crimen de guerra, y Hamás debería liberar a todos los rehenes de forma incondicional”, dijo la directora ejecutiva de HaMoked, Jessica Montell, en un comunicado, en el que también aseguró que las mujeres y los niños palestinos sometidos a detención administrativa “también tendrían que haber sido liberados de forma incondicional”.
Juicios militares
Como Cisjordania y Jerusalén Este se encuentran bajo ocupación israelí y la jurisdicción de su ejército, los palestinos que son arrestados en estos territorios son sometidos a juicios militares.
“Son tribunales en los que el juez es un soldado y el fiscal también. Es un sistema que no se considera demasiado justo”, denuncia Yellin.
“Muchas sentencias son, además, de conformidad, ya que Israel mantiene a los palestinos detenidos hasta el final del proceso y algunos, si han sido arrestados por cosas como arrojar piedras, algo por lo que en Israel nadie sería jamás imputado, prefieren aceptar unos meses de cárcel que someterse a un proceso que puede ser mucho más largo y en el que estarán todo ese tiempo en prisión”, asegura Roy Yellin.
Según los datos que barajan B’Tselem y otras organizaciones, la mayoría de las ofensas que cometen los palestinos “no son crímenes como asesinato o violación, sino delitos como arrojar piedras a soldados o incluso participar en una protesta, porque los palestinos no tienen derecho a participar en manifestaciones contra la ocupación”, señala Yellin.