La maquinaria delictual se niega a parar. El colombiano Farid Torres Buelvas, uno de los 30 facultativos formalizados en 2022 como parte del fraude de licencias médicas más grande de la historia de Chile, siguió emitiendo documentos apenas 15 meses después de haber sido imputado en la causa.
Así lo confirmó la propia la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) al 14° Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo tribunal tramita la icónica causa. Peor aún, hace más de un año que ya está prófugo e inubicable.
En apenas tres semanas, entre marzo y abril 2024, aprovechó un "descuido" institucional para generar 138 licencias, las que se sumaron a su ya conocido historial de emisor compulsivo: los 5.378 documentos que —de acuerdo a la investigación— ya había generado en 2022.
No obstante, en conversación con Informe Especial, la Suseso reconoció que en realidad Farid Torres emitió un número aún mayor, pues su bloqueo definitivo recién se concretó en noviembre. Es decir, estuvo ocho meses sin ser detectado.
De acuerdo a fuentes de IE, habría alcanzado a generar cerca de 1.500 documentos entre marzo y noviembre. Logró nuevemante defraudar al sistema de salud en al menos $70 millones y hasta podría haber llegado a superar los $765 millones. Sin sumar los $1.330 millones por los que ya fue imputado.
Durante 2024 corrió con suerte. Nadie se había dado cuenta de su maniobra... hasta que la denuncia de un empleador y él mismo terminaron por encender todas las alarmas a fines del año pasado.
En 2022, cuando quedó al descubierto el entramado delictivo —liderado según la Fiscalía por la pareja de médicos caribeños Samir Rivaldo y Jesica Donado—, Farid Torres quedó con arresto domiciliario total. Por razones obvias, también se determinó que no podía seguir otorgando licencias médicas.
Si bien durante buena parte de 2023 cumplió con las medidas cautelares, en 2024 las policías derechamente le perdieron el rastro. De acuerdo a antecedentes obtenidos por este medio, nadie ha sabido de su paradero por más de un año y no pudo volver a ser ubicado en ninguno de los domicilios que reportó para cumplir su arresto domiciliario.
Bloqueo a medias
Hasta poco antes de ser capturado en 2022, Torres no tenía rut definitivo en Chile. Por entonces simplemente estaba instalado en el país con un número de identificación provisorio.
En aquella época, a raíz de una excepción amparada en la situación de pandemia, pudo inscribirse sin problemas en el Registro Nacional de Prestadores de Salud. Y con ello quedó habilitado para emitir licencias médicas, pudiendo elegir cualquiera de los sistemas electrónicos disponibles para ese efecto en Chile: Imed y Medipass. En aquel entonces, optó por este último.
Asimedi SpA, su primera sociedad médica en Chile, la registró precisamente con su rut temporal. La investigación arrojó que fue una empresa de papel que terminó siendo clave en el entramado delictual de los médicos colombianos.
Bajo esa figura se encontraba operando hasta que el millonario fraude fue detectado por las autoridades. No obstante, poco antes de ser imputado ya había obtenido el rut definitivo. Más aún, mientras la policía le caía encima, y dos días antes de la formalización, Torres alcanzó a inscribir su nuevo rut en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud.
Pero hasta ahí le llegó el millonario negocio en 2022. Ya estaba completamente identificado.
Una vez bajo arresto domiciliario total y con prohibición de seguir emitiendo licencias, la Suseso —para cumplir con lo ordenado por el tribunal— informó a Medipass e Imed que debían bloquear a Farid Torres de sus sistemas.
Tras haber emitido miles de licencias mediante su plataforma, Medipass lo inhabilitó. Pero en ese entonces, en 2022, Imed no lo tenía registrado. No era su usuario. Así que no realizaron acción alguna.
Esa fue la ventana que aprovechó el facultativo en marzo del año pasado. Se registró exitosamente en Imed y no saltó ninguna alarma.
Aunque ya estaba formalizado por emisión de licencias falsas, dicha artimaña le permitió emitir al menos 138 licencias en apenas tres semanas, entre el 28 de marzo y el 19 de abril de 2024.
Así lo reportó al tribunal el Intendente de la Suseso, Luis Díaz, el pasado 26 de noviembre. “Ante el eventual incumplimiento de la medida cautelar que estos hechos podrían significar, esta Superintendencia cumple en remitir los antecedentes, con copia al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado”, subrayó en su oficio la autoridad a cargo de la Unidad de Control de Licencias Médicas.
En definitiva, la maniobra de Torres fue completa: huyó de la justicia y actuó por meses sin que nadie se diera cuenta.
Médico en fuga
La situación es aún más grave. Consultada por Informe Especial sobre el tema, la Superintendenta Pamela Gana admitió que el descuido se prolongó por más tiempo que el reportado al tribunal y, por ende, la cantidad de licencias médicas que generó fue mayor.
La entidad sólo remitió a la justicia las emisiones de esos 22 días. Según explicó la autoridad, lo hicieron de esa forma debido a que el periodo de investigación de la causa —liderada por el Fiscal Álvaro Pérez— precisamente terminó ese 19 de abril.
No obstante, en la práctica fueron muchísimas más. Fuentes conocedoras del caso revelaron que en total habría llegado a emitir cerca de 1.500 licencias durante los ocho meses en que logró burlar el sistema.
No obstante, la Suseso se negó a transparentar el número definitivo argumentando que el asunto aún se encuentra en el proceso de investigación administrativa, para determinar cuántas de ellas son falsas y aplicar así la respectiva sanción.
Sin embargo, la autoridad conoce el número total y —pese a la insistencia de IE— declinaron entregar una respuesta.
María Soledad Ramírez, abogada querellante en la causa y exsuperintendenta de la Suseso, reprochó la falta de rigurosidad que permitió al médico seguir delinquiendo. En ese sentido, enfatizó que debiera "haber un chequeo permanente, porque es necesario para poder evitar precisamente estos fraudes que le hacen tanto daño al sistema de seguridad social".
Si bien la ley les mandata a ellos velar por el buen uso de las licencias médicas, la Superintendencia culpó a Imed por el error. Si bien esto último es cierto, la institución se percató del descuido recién en noviembre 2024. Y no fue gracias a un acto de fiscalización, sino tras la denuncia de un empleador que recibió una licencia emitida por Farid Torres. Recién tras eso el error fue remediado y el profesional de la salud sencillamente ya no pudo seguir con su artimaña.
Imed, consultada por IE para este reportaje, reconoció la situación. Mediante una declaración pública, remarcaron que la Suseso "emitió una notificación de bloqueo a los operadores de licencia médica electrónica, cuando el médico aún no era cliente de la compañía. El médico se suscribió al servicio en marzo de 2024, 15 meses después de la notificación de bloqueo".
Y en esa época la normativa no exigía registrar las alertas que emitia la autoridad, algo que cambió a partir del 1 de enero de 2025 tras una circular emitida por la Superintedencia, "que establece que todos los operadores deben registrar estas solicitudes de bloqueo incluso si el profesional no es cliente". Dado lo anterior, Imed afirmó que ya implementó las medidas necesarias, "por lo que casos como el mencionado no deberían repetirse".
En su momento, durante gran parte de 2023, Farid Torres parecía estar cumpliendo con todo. En reiteradas ocasiones, en el contexto de su arresto domiciliario total, el imputado pidió permiso para asistir a citas médicas el 6, 9 y 10 de febrero, además del 5 de julio.
Si bien apeló y pidió quedar con arresto domiciliario nocturno, le fue mal en primera instancia y también ante la Corte de Santiago.
En principio, Carabineros no reportó ningún incumplimiento en su domicilio en el sector de Pedro Fontova, en Huechuraba. A mediados de marzo se cambió a un departamento a unas cuadras, dentro de la misma comuna.
Allí fue donde todo cambió. A mediados de noviembre 2023 ya no apareció más. Carabineros insistió durante dos meses hasta que el conserje les explicó a inicios de 2024 que en realidad Torres hace semanas ya no vivía en el lugar.
Alerta descarada
Carabineros remitió los incumplimientos de Torres al tribunal, pero Farid simplemente se esfumó. Según confidenciaron fuentes de Fiscalía a Informe Especial, recién se volvió a saber de él a fines de 2024. La escena fue insólita: el propio imputado acudió a las oficinas de la Superintendencia de Seguridad Social a reclamar por su inhabilidad para emitir licencias.
Ante tal descaro, con eso se terminaron de encender las alertas. Tras la denuncia de un empleador en noviembre y su sorprendente visita en diciembre, reconfirmaron en los sistemas que había seguido emitiendo licencias a pesar de la prohibición, razón por la que reportaron el asunto a la justicia.
Todo ello pese a que en septiembre pasado la propia Suseso se había negado a detallar dicha información —requerida vía Ley de Transparencia— respecto de todos los imputados en la causa, supuestamente bajo la excusa de que la Superintendencia “no dispone en sus bases de datos” esos antecedentes. Algo que a la luz de este reporte no es cierto.
En ese sentido, la abogada María Soledad Ramírez señaló la necesidad de revisar que no haya otros casos. Para eso propone realizar "un arqueo de todos los médicos que están en la causa respecto a los cuales se emitió esta orden de bloqueo y verificar que efectivamente eso se hubiese cumplido. A lo mejor esto puede ser un hecho aislado, pero creo que es necesario ver que efectivamente no se haya seguido cometiendo perjuicio a Fonasa y también a las isapres".
En efecto, no es el único caso. La propia Superintendenta Gana reconoció a este medio que existe un segundo caso de similares caracterísiticas, pero en el marco de otra causa... de la que también se negó a entregar detalles.
Como sea, una vez que la Suseso reportó el asunto al tribunal, la Fiscalía pidió a la PDI ubicar a Farid Torres. De acuerdo a antecedentes obtenidos por IE, no lo encontraron en ninguno de sus domicilios conocidos, aunque hasta ahora tampoco hay registros de que haya salido del país por pasos habilitados.
De todas formas, hoy por hoy está prófugo.
Consultados oficialmente sobre el asunto, la PDI no quiso entregar detalles y se limitó a decir que "la investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec), se encuentra en desarrollo y con diligencias pendientes".
Una licencia cada nueve minutos
Farid Torres no fue un desconocido en el entramado de los médicos colombianos. Por el contrario, tuvo un rol protagónico con 4.573 licencias emitidas sólo a pacientes de Fonasa por un total de $1.330 millones.
Todo ello en desmedro del fisco, sólo durante 2022, y sin contar otro centenar de documentos extendidos a cotizantes de las isapres Consalud, Cruz Blanca y Colmena.
La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra él es lapidaria. En febrero de ese año el facultativo alcanzó su peak con 510 licencias médicas. Peor aún, hubo dos días del verano 2022 particularmente ocupados para él: 56 emitidas el 14 de enero y otras 54 sólo el 14 de febrero.
Fue particularmente veloz durante aquella mañana de enero. Ese día lanzó sus primeros diez documentos en apenas 90 minutos, con un espacio de entre cinco a diez minutos por paciente.
“El número escapa de toda posibilidad real y cierta de otorgar tal cantidad de licencias”, apuntó la acusación del CDE .
En ese sentido, la institución también subrayó que el 95% de las licencias fueron extendidas por trastornos mentales, lo que implica que el tiempo de diagnóstico ha de ser mayor al ocupado tradicionalmente en una consulta regular, lo que claramente no ocurrió en estos casos.
“Resulta descabellado concluir racionalmente que la totalidad de pacientes atendidos por el querellado en dicho día padecían de una enfermedad que ameritaba el otorgamiento de una licencia médica”, reprochó el CDE la acción judicial.
Con todo, tomando como referencia aquel 14 de enero y considerando una jornada estándar de ocho horas, el facultativo emitió más de siete licencias por hora. Es decir, una cada 9 minutos.
Recoleta 901
Pese a su prolífico nivel de productividad, el esquema delictual no nació con Farid Torres. De acuerdo a la investigación, el fraude de licencias médicas más grande registrado en Chile vino de la mano de Samir Rivaldo y Yesica Donado, una pareja de médicos colombianos que llegó al país en 2019 y encabezó todo un entramado mediante una serie de sociedades de papel.
Los 30 médicos imputados están acusados de haber causado un perjuicio al fisco chileno superior a los $26 mil millones.
La indagatoria estableció que en principio, sólo Samir y Yesica eran quienes emitían las licencias. Pero luego el negocio escaló y captaron a otros facultativos para concretar las transacciones: todos de nacionalidad colombiana. Fueron más de 40 y Farid fue uno de ellos.
A cada uno se les pagaba entre $10 mil y $15 mil pesos por “paciente”. Y la diferencia quedaba para Samir, el líder. Una licencia por Fonasa costaba entre $35 mil y $75 mil. En Isapre de $75 mil a $95 mil. Todo dependía de la cantidad de días y si el comprador era afiliado al sistema público o privado.
Mientras más días, mayor precio. Y más ganancia para los médicos. Todo funcionó por casi tres años, hasta que las autoridades les siguieron la pista.
Según admitió Samir, el modelo lo copió de un cercano que había hecho lo mismo en Colombia. Así fue cómo en conjunto la asociación ilícita sumó más de 71 mil licencias médicas fraudulentas.
Él y Yesica, además de generar un daño millonario a las arcas públicas, también adquirieron lujos extravagantes en Chile y Colombia: joyas de oro, zapatillas con su nombre, autos y casas en Barranquilla para lavar el dinero ilegal.
Farid también contribuyó, según la fiscalía, al esquema mediante su sociedad Asimedi SpA, que constituyó en abril de 2022 y que operaba en Avenida Recoleta 901, en la comuna homónima, junto a otras creadas con el mismo fin.
Fuentes de Informe Especial confidencian que en dicho recinto, ubicado en el segundo piso de un stripcenter a pasos del metro Cerro Blanco, se solían ver filas con decenas de personas esperando para acceder a “atención” médica. Tanto así que locales contiguos, sobre todo aquellos de venta de comida al paso, se beneficiaron del alto flujo de personas en el lugar.
"Llegaba muchísima gente todos los días. Esa gente se volvía a repetir todos los meses, la venta de licencias era furor", admitió una persona que trabajaba en los alrededores. "Después de que salió en televisión todo, de la noche a la mañana desmontaron todo el centro médico. Y todavía llega gente preguntando por el médico", contó.
La sociedad de Farid y otras que operaban en ese recinto, de hecho, fueron apuntadas en 2024 en una serie de querellas presentadas por empresas privadas, que iniciaron una inédita arremetida judicial para intentar hacer frente por su cuenta a las licencias médicas falsas. Algo que hasta entonces sólo estaba reservado para Fonasa e Isapres.
Con todo, el caso ya dejó más de 30 imputados, de los cuales 12 ya fueron condenados en procesos abreviados. A mediados del año pasado, tres médicos fueron expulsados del país por su participación en el fraude. Mientras tanto, Samir y Yesica siguen en prisión preventiva mientras este lunes se retoma la audiencia de preparación de juicio oral, pues —por su rol central en la trama— Fiscalía no les ofreció ningún acuerdo.
Mientras tanto, la Suseso aseguró que ya implementó una serie de cambios en enero pasado que evitarán que casos como este se repitan. Por ejemplo, instruyó a Imed y Medipass que matengan un registro de los médicos sancionados, para que los sistemas puedan responder de forma inmediata cuando intenten acceder. Algo que durante 2024 no existía.
Asimismo, la Superintendenta enfatizó la importancia de un proyecto de ley, que entre otras cosas busca fortalecer el rol de la institución. Actualmente se encuentra en su última etapa en el Congreso y debería despacharse durante marzo, lo que les otorgará nuevas facultades para sancionar a médicos como Farid e incluso a las empresas operadoras por "fallas operativas" como las ocurridas durante el año pasado.