El 4 de abril de 2022, en la esquina de Negrete con Los Minerales, en Conchalí, una mujer sufrió un robo con intimidación. Ese mismo día un venezolano fue detenido por su participación en el asalto. Tras ser capturado, se presentó como Jason Jesús Ruiz Aponte.
Casi un año después, en febrero 2023, fue sentenciado a tres años y un día de cárcel. Aunque con la chance de una pena alternativa de expulsión, a concretarse a más tardar en 120 días. En decir, en junio de ese año.
Dos meses después de la resolución, en abril, su defensa pidió al Ministerio del Interior materializar la salida del país.
Pero el asunto no tardó en complicarse. Según reportó Gendarmería en dicha causa, cuando la PDI solicitó al consulado venezolano confirmar la identidad del condenado, se hallaron con una sorpresa: el DNI en realidad no correspondía a Jason, sino a Edgardo Alfonso Ochoa Capote.
La cédula del delincuente era falsa.
Autoridades y expertos apuntan a que se trata de un problema recurrente. "Nos dicen nombres que no corresponden", admite el subcomisario Fernando Toro, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional.
Peor aún, Venezuela derechamente ya no está recibiendo a sus expulsados.
Todo ello "producto de la inexistencia de relaciones consulares a partir de julio de 2024. En el caso de las expulsiones judiciales de esos ciudadanos se hace relativamente imposible realizar esas expulsiones", reconoce por su parte el subsecretario del Interior, Luis Cordero.
Ignacio Barrientos, defensor regional de Antofagasta, explica que en la práctica "se está instando a la materialización de la expulsión, pero ella no se está concretando".
Venezolanos sin salida
Hoy por hoy existe una ley que permite expulsar judicialmente a extranjeros que cometen delitos en Chile y cuyas penas son menores a cinco años. Y si bien funciona con la mayoría de los países del continente, la excepción son los venezolanos.
A diciembre 2024, según cifras de la Defensoría Penal Pública, se contabilizaron 179 extranjeros con orden de expulsión. De ellos, 111 son venezolanos. Si bien más de la mitad ya debería haber salido del país, muchos siguen a la espera de que se materialice dicho castigo.
"No es una sanción tan efectiva, porque muchos de estos sujetos quedan en una especie de limbo en espera de todo el proceso administrativo o judicial para ejecutarlo. Y en ese limbo o pueden cometer delito o ingresan a nuestro sistema penitenciario", subraya Pablo Zeballos, investigador experto en crimen organizado.
Aunque la situación política es el punto central del problema, en el asunto asoma otra deficiencia clave: conocer con certeza la identidad del imputado.
"Entregan documentos que no existen. Si la persona no se quiere identificar tenemos que levantar huellas para nosotros poder enviarlas a las capitales, porque es un procesamiento que se hace directamente en el país de origen. Tenemos que lamentablemente esperar a que se tengan los resultados de esas diligencias para nosotros poder comprobar si la persona es o no es la que dice ser", detalla el subcomisario Fernando Toro.
Zeballos cree que ese es "gran parte del problema que tenemos hoy día en Chile. No comprendemos quiénes son, no podemos saber quiénes son. No porque no queramos, sino porque no tenemos la cooperación para poder saber".
Y Toro recalca que, bajo dicho escenario, "no podemos hacer abordar una aeronave de carácter comercial a una persona indocumentada. Tiene que siempre salir con un documento de identidad que certifique que la persona que va volando en ese vuelo sea quien dice ser".
En el caso del supuesto Jason, por ejemplo, todo quedó en un compás de espera para intentar verificar su identidad. Pero el sistema chileno necesita identificarlo de alguna manera y para eso, en mayo de 2023, se solicitó un canje penal para que el Registro Civil le entregara un RUT provisorio.
Zeballos plantea que es "un incentivo de ocultamiento a los criminales. Puede ser algo que afecte nuestra institucionalidad, que nos afecte de una forma que quizás nos vamos a arrepentir muy pronto".
Triple identidad
Para sorpresa de los intervinientes, el caso de Jason siguió escalando. Cuando ya llebaba cuatro meses con su identificación temporal, en septiembre 2023 el agregado policial en Venezuela reportó novedades.
Jason no era Jason. Tampoco era Edgardo. La cédula de identidad que entregó el asaltante en realidad correspondía a una tercera persona: Oskarleth Aimee Talavera Ochoa. En efecto, Edgardo Ochoa derechamente no existe, pues ni siquiera aparece en los registros del sistema administrativo de identificación, migración y extranjería de Venezuela.
"Son documentos falsificados por cuanto no corresponden en forma y fondo a los originales firmantes", detallaron en su respuesta las autoridades caribeñas. Por ese entonces aún era factible hacer dichas averiguaciones, pues Chile y Venezuela conservaban relaciones diplomáticas. En rigor, las comunicaciones se cortaron en julio, hace más de siete meses.
La cordialidad se fue cortando paulatinamente y algunas gestiones quedaron a medias, según explicó en diciembre pasado el propio Departamento de Extranjería y Migraciones de Chile. "A principio de año se consultó la identidad del extranjero mediante huellas digitales a Caracas, quienes no dieron respuesta. En la actualidad se ve imposibilitada la realización de más gestiones, toda vez que no contamos con representación consular de Venezuela en Chile, impidiendo materializar la expulsión".
Ante dicho escenario, a dos años y siete meses del robo con intimidación en Conchalí y sin poder acreditar la identidad del asaltante, la justicia resolvió revocar la expulsión. De esta forma, el próximo 5 de abril saldrá en libertad tras cumplir su condena.
El delincuente volverá a la calle pese a que no existe certeza sobre su verdadera identidad ni su historial delictual. Y, peor aún, tendrá en su poder una cédula de identidad chilena que le permitirá partir prácticamente desde cero.
¿Refugio de criminales?
Zeballos enfatiza en la gravedad del asunto: "Le permite tener, entre comillas, una especie de irreprochable conducta anterior sin saber si eso es cierto o no. Por lo tanto, uno de los riesgos que tenemos que evitar como país es que este vacío permita que Chile se convierta en el futuro en una especie de paraíso de refugio de criminales, cuya identidad no es fácil de probar".
Aunque el subsecretario Cordero, si bien admite el problema, puso paños frios al hecho que el delincuente recupere su libertad sin que aún se conozca su verdadera identidad: "Quedan no sólo identificados con el RUT, sino que además con todas sus características de huellas, el ADN, pero además de eso también sus registros biométricos. Por lo tanto, los mecanismos para mantener control sobre esas personas frente al evento que vuelvan a cometer delitos existe, pero sigue siendo un problema la imposibilidad de realizar las expulsiones judiciales".
Zeballos insiste en su punto: "Ese es un problema muy grave, sobre todo cuando analizamos estructuras de crimen organizado provenientes de delincuencia venezolana, como el Tren de Aragua, por ejemplo, porque ellos explotan toda la gama de posibilidades de delitos que pueden cometer en un territorio".
Así lo dejó en evidencia en 2024 el reportaje "El combate contra las casas del terror", de Informe especial, donde una banda de motochorros cometió delitos mucho más perversos que un simple robo. Por un lado, se dedicaban hurtar teléfonos, pero también fueron apuntados por su participación en una serie de secuestros extorsivos.
El experto indica que "tú puedes tener un sicario en un momento, pero que está robando celulares en otro. Por lo tanto, no necesariamente por la situación por la que va a ser expulsado, es en realidad la actividad criminal que ese sujeto realiza en forma constante y permanente".
La situación, en buena medida, se ha transformado ya en un problema sistémico. De acuerdo a cifras de Gendarmería, el 15,3% de la población penal en Chile es extranjera. Lideran los colombianos y le siguen precisamente los venezolanos. 179 tienen órdenes de expulsión que aún no logran materializarse. En ese limbo los abogados defensores suelen solicitar penas sustitutivas.
Así lo reconoce el defensor Ignacio Barrientos: "Uno solicita la imposición de una libertad vigilada, por ejemplo, para esperar en libertad la materialización del expulsor".
Pero en ocasiones dicha medida abre camino a la fuga.
Suberlis y su nacionalidad indeterminada
-¡Alóoooo!
Un ejemplo de esa impunidad se refleja en el caso de Suberlis, en Vallenar, región de Atacama. Ella es una joven extranjera de 24 años que fue condenada a pena de expulsión por ingresar ketamina a Chile en 2021, cuya medida aún no se concreta.
En su caso, todavía no se logra establecer si es colombiana o venezolana. Ante la falta de antecedentes, en el intertanto le dieron libertad vigilada intensiva, por lo que debería cumplir condena en un domicilio en horarios específicos.
Pero en un ejercicio simple, Informe Especial pudo corroborrar -en dos ocasiones- que sencillamente no estaba en el domicilio que declaró ante la justicia.
-¡Alóoooo!
Nadie abrió la puerta. Y no hubo ninguna señal de que hubiera gente en su interior. Es decir, quebrantó la libertad vigilada intensiva.
Una vecina dice que ni siquiera sabe quién es. "Yo conozco a todos, el nombre no me es conocido. Yo llevo ya como 12 años aquí, no la conozco".
En la práctica, Suberlis es inubicable.
Zeballos advierte el riesgo de otorgar libertad vigilada a delincuentes cuyo historial es desconocido. "Normalmente lo que vemos en estructuras criminales consolidadas es que no hay mucho interés de sus integrantes de salir de esos circuitos. Si un sujeto queda en libertad vigilada, normalmente lo que es esperable es que el sujeto va a tratar de romper cualquier forma de control sobre dónde se encuentra para seguir cometiendo delitos. Porque son parte de un ecosistema criminal que controla un territorio, que controla un mercado criminal, y que no puede abandonar".
Por eso, Luis Cordero destaca que "la postura del ejecutivo ha sido bien categórica sobre este punto, el Ministerio del Interior en particular, y es que en esos casos debe haber cumplimiento de pena efectiva".
Cuando las expulsiones no se concretan, otra alternativa que solicitan los defensores es el cambio de cárcel, en un contexto donde la sobrepoblación carcelaria llega 39,1% a nivel nacional. En la región de Antofagasta, donde existe la mayor cantidad de venezolanos con orden de expulsión vencida, llega incluso al 54%. De hecho, los penales de Calama y Tocopilla duplican y hasta casi triplican su capacidad.
Y al margen del gasto que supone para el sistema mantenerlos en la cárcel, Gendarmería ha reportado situaciones preocupantes de parte de este tipo de criminales. Un informe de la institución alertó en muchos casos "han tenido conductas de extorsión en contra de imputados, ejerciendo sobre estos un mecanismo de intimidación y agresión que no se puede seguir sosteniendo en el tiempo, por ser un peligro latente a la seguridad del resto de la población penal. Además de haber agotado todas las instancias de segmentación, por lo que nos imposibilita reubicarlos en otra dependencia".
Pese a las reiteradas peticiones para profundizar en este punto, Gendarmería declinó participar de este reportaje.
Con todo, desde febrero de 2022 la ley no permite expulsar extranjeros como Suberlis, que cometen delitos por tráfico de drogas. Aunque hoy la norma está nuevamente en evaluación.
"La postura del gobierno es que es necesario modificar esa disposición del 2022. Nosotros podíamos expulsarla, hoy ya no lo podemos hacer. Y el hecho de que estas dos combinaciones se den, nos genera una sobrepoblación penal. La posibilidad de modificar la ley nos permitiría descongestionar penales", apunta el subsecretario Cordero.
Jueces v/s Interior
La dificultad para expulsar a los venezolanos que han delinquido en Chile ha escalado a tal punto que incluso ha generado discrepancias entre magistrados y abogados del Ministerio del Interior.
Un claro ejemplo se registró en una audiciencia del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 10 de agosto de 2024. En dicha instancia el juez condenó a un venezolano irregular en Chile, que amenazó a Carabineros y además ocultó su identidad.
El juez tomó su decisión, pese a lo que le señaló la abogada del Ministerio del Interior.
-Es una pena superior y expulsión -determinó el juez.
-Magistrado, sucede que el imputado es de nacionalidad venezolana -le advirtió la abogada. En atención a la situación en que se encuentran las relaciones con Venezuela y la situación política del país, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública está recomendando a los tribunales la pena efectiva.
-Esa es la opinión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y la decisión de expulsión es del tribunal -replicó.
-No se va a poder materializar la expulsión -insistió ella.
-Ese es otro tema. Eso es otro tema. No es un tema que le completa al tribunal.
-Claro, queda a su criterio.
-El tribunal lo ordena y se tendrá que obedecer la norma del tribunal. La decisión tiene que ser obedecida -señaló el juez para zanjar el asunto.
Sin embargo, en la práctica aquello es imposible. "Hoy día no tenemos relaciones consulares y, por lo tanto, en la inexistencia de ella desde julio del año 2024, no podemos llevar a cabo esas expulsiones judiciales. Y por lo tanto, la estrategia del Ejecutivo es que cumplan su pena efectiva", explicó el subsecretario Cordero.
En los hechos, en el caso de los delincuentes venezolanos, es letra muerta. Aunque el defensor Ignacio Barrientos explica que "más que una ley muerta, es una ley que está experimentando muchas dificultades en su aplicación práctica. Los jueces tienen disponible un catálogo de penas determinado y en esos casos tienen que optar por alguna de ellas".
"Eso sumado también a que hoy día no tenemos vuelos comerciales hasta Venezuela", añade el subcomisario Toro.
Para Zeballos se trata de un gran desafío. Sobre todo para definir "qué vamos a hacer respecto a estos sujetos que no sabemos quiénes son, que no sabemos qué hicieron antes y que están en nuestro país en espera de una expulsión o en espera de una condena".