Un funcionario de seguridad municipal por cada 5.508 habitantes. Un vehículo de seguridad por cada 13.595 personas; y, lo que es peor, en ninguna zona de la Región Metropolitana (RM) hay chalecos antibalas para cada uno de ellos.
Lo anterior son algunos de los cálculos que Informe Especial realizó con datos obtenidos mediante Ley de Transparencia.
En definitiva, las cifras indican que en muchas ocasiones los funcionarios de seguridad municipal no cuentan con todos los implementos necesarios para protegerse.
—Debería existir un equipamiento básico y estandarizado para cada uno de los guardias municipales. Cada uno debería tener un propio chaleco, es una indumentaria personal. Es muy importante no solamente porque hay una responsabilidad sobre el equipamiento, sino que también en caso de emergencia cada uno debiera tener acceso a la indumentaria personal y no andar pidiendo chalecos en otra parte — afirma el académico del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.
Tras una serie de solicitudes de información fue posible dilucidar la cifra de funcionarios de seguridad que operan en 34 de las 52 comunas de la RM, así como el número de vehículos, cámaras y chalecos antibalas con los que cuentan los municipios.
Los datos también revelan situaciones disimiles: las zonas sur y poniente de la capital tienen menos inspectores en relación con sus habitantes. Mientras que las comunas del sector oriente viven una realidad mucho más favorable.
Situación crítica
—¡Se descontroló! ¡muévete, muévete!
El pasado 20 de julio fue particularmente violento para la seguridad municipal de la Región Metropolitana. Ese día, un equipo de Independencia apoyó a Carabineros en un operativo... hasta que un sujeto lanzó un objeto contundente al auto y tuvieron que salir arrancando.
—Se rompió completamente el parabrisa, nos intentaron romper el vidrio de atrás, nos alcanzamos a proteger. No tenemos daños nosotros, pero el vehículo sí —relató una de las funcionarias que iba a bordo.
Esa misma noche, tras un robo de dos autos, inspectores de La Reina iniciaron la persecusión a uno de los sospechosos. Creían correr con ventaja. Los detectaron rápido y los superaban en número.
—Nunca pensamos que iba a estar armado y nos iba a disparar a quemarropa —admitió uno de los funcionarios.
Pero el episodio más grave de esa jornada se registró cuando Mauricio Díaz —funcionario de La Cisterna— murió atropellado en medio de una persecución a delincuentes que asaltaron una farmacia.
Testimonios así se repiten. Y lamentablemente se trata de riesgos cotidianos para los equipos de seguridad municipal. Pese a ello, la ley no les permite portar armas disuasivas ni detener delincuentes (a menos que se trate de un delito en flagrancia).
Mientras tanto, las cifras obtenidas por IE dejan en evidencia la escasez de recursos.
Si bien los requerimientos de información fueron extendidos a los 52 municipios de la RM, un tercio (18) no respondió. Muchos de ellos amparados en razones de seguridad. Bajo ese entendido, este medio se reservó el detalle comuna a comuna para no exponer innecesariamente a aquellos territorios con más problemas.
Sin embargo, en varios casos la situación es crítica. Por ejemplo, seis comunas de zonas urbanas de la RM tienen menos de cinco autos recorriendo sus calles, lo que a todas luces no coincide con la demanda. En efecto, una de ellas tuvo un aumento del 400% en sus homicidios en 2024, pero hoy cuenta con un sólo vehículo para todos sus habitantes.
Asimismo, cuatro municipios sólo tienen la mitad de sus cámaras funcionando. Peor aún, en ese mismo grupo destaca uno que —pese a que tiene una alta tasa delictual— no mantiene ninguna cámara operativa.
En tanto, entre las comunas de la capital que contestaron la solicitud, cinco tienen menos de 10 inspectores de seguridad, pese a que una de ellas en 2024 registró ocho homicidios, 15 violaciones y más de 2.200 robos.
Desigualdad territorial
Por otra parte, los datos obtenidos por Informe Especial también muestran una desigualdad territorial: los municipios de la zona poniente y sur son los que poseen menos personal de seguridad en proporción con sus habitantes. Sin ir más lejos, en este último sector hay 5.508 personas por cada funcionario. Mientras que en el oriente, en las comunas más acomodadas, logran tener un guardia por cada 1.596 personas.
La tendencia se repite con los vehículos de seguridad. Cuando en la zona oriente hay un vehículo por cada 5.580 vecinos, en la sur esa proporción sube a 13.595 personas.
En tanto, la cantidad de chalecos antibalas es la que más sorprende: los datos revelan que en ninguna zona de la RM existen suficientes chalecos de este tipo para el personal de seguridad.
Es importante señalar que varias comunas sí tienen un chaleco por personal de seguridad, pero en la suma por zona la cuenta no es suficiente.
—Hay un tema de desigualdad en los recursos; es decir, si tienen seguridad, protección, chaleco, los autos blindados o no, va a depender de cada comuna, la inversión que haga y eso genera una brecha muy fuerte por municipio —remarca Claudio Fuentes, profesor del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP.
—Los municipios tienen mucha desigualdad en los ingresos, me atrevería a decir que hay una veintena de municipios que son capaces de satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, la mayoría de los municipios no tiene recursos para enfrentar incluso la cotidianidad de sus gastos —indica por su parte el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Ríos.
En concreto, hay una diferencia abismante en los presupuestos municipales destinados a seguridad: la comuna que más gasta casi llega a $15 mil millones, unas 900 veces más respecto a la que desembolsa menos.
Desde el Gobierno han intentado mejorar esa inequidad territorial. Mediante un índice de vulnerabilidad socio-delictual generaron un ranking que ayuda a priorizar.
—Hay municipios que reciben más recursos, municipios que reciben menos, municipios que reciben anualmente recursos y municipios que reciben cada dos años recursos, lo que se hizo fue garantizarle que todos recibieran alguna vez —explica Carolina Leitao, Subsecretaria de Prevención del Delito.
¿Y si el tipo hubiese estado armado?
—Andábamos con un compañero en dos vehículos patrullando y nos encontramos con un auto que estaba mal estacionado. Nos acercamos y el tipo estaba durmiendo, cuando se despertó estaba muy ofuscado porque nosotros estábamos ahí. Mi compañero le dice que tiene que salir, que estaba bloqueando el lugar; también le dice que se tiene que bajar porque no puede irse manejando en ese estado. Claramente estaba bebido, había una cerveza adentro. Ahí empezó una discusión entre ellos. Forcejearon y en un momento me acerqué a apoyar a mi compañero y ellos se vienen encima de mí y caigo al suelo. Quedé con un corte en el pómulo, una herida en el oído derecho y un esguince crónico en el hombro izquierdo. Estuve un mes completo con licencia.
Así expone su testimonio un guardia de seguridad, que accedió a contar sus experiencias, pero pidió no revelar su identidad por miedo. Trabaja en una “zona roja”, un lugar donde hay muchas bandas de narcotráfico y delictuales.
—Yo de repente me pongo a pensar y vuelvo a ese día de la agresión, y digo: "¿Y si el tipo hubiera estado armado?".
La crisis de seguridad, aseguran algunos guardias, los ha obligado en muchas ocasiones a asumir un rol similar al de Carabineros, pese a que actualmente los municipios sólo tienen funciones preventivas al respecto.
—Cuando una persona está siendo violentada es imposible no hacer nada. En estos momentos Carabineros de Chile se está demorando media hora, una hora, en llegar a un procedimiento. Imagínate, no puedo dejar un vecino desamparado tanto tiempo —afirma un guardia municipal.
Lo que está sucediendo hoy en día es que los inspectores municipales son requeridos en momentos en que se está o se cometió un delito, pero no tienen las facultades ni para detener a alguien, ni para usar implementos disuasivos.
Para el profesor de la UDP, Claudio Fuentes, el problema también tiene que ver con el cambio en la actividad criminal.
—Ya no estamos hablando de simples riñas en la esquina, un grupo de jóvenes, etc. Estamos hablando de delitos mucho más complejos, con porte de armas, con drogas y por lo tanto mucho más complejo de enfrentar; y claramente los guardias municipales no están preparados para ese tipo de situaciones. Yo creo que sí están en un desamparo legal y además con problemas de recursos para enfrentar ese tipo de escenarios.
El vacío legal del que habla el académico también se traslada a otras situaciones que viven los inspectores de seguridad municipal entrevistados para este artículo. Varios acusan estar contratados como chofer, por lo que en el papel tampoco están establecidos los límites de sus verdaderas labores. Además, aseguran, no cuentan con seguros de vida a la altura de sus funciones y menos con equipamiento adecuado.
Los guardias de seguridad no están facultados para detener a una persona, salvo sea en caso de flagrancia, ante lo cual pueden ejercer una detención ciudadana, como cualquier otra persona. Incluso pueden ser detenidos por Carabineros si el hecho se interpreta como una riña.
—Obviamente uno se siente desamparado, el delincuente ya lo sabe. Por eso está actuando de esta manera en este último tiempo, ya saben que nuestras atribuciones son súper acotadas —afirma un guardia.
Coadyuvantes de Carabineros
Hoy por hoy en el Senado se discute el proyecto de ley que fortalece la seguridad municipal, el que tiene como objetivo establecer un marco normativo que reconozca explícitamente a estos funcionarios y fije criterios para desarrollar su función e implementos para su protección.
—Lo principal del proyecto de seguridad es que se reconozca el rol y que ese rol tenga todo el imperio de la ley, para que nadie pueda cuestionar la tarea de seguridad; y una segunda cosa, penar de manera más alta, o que sea una agravante para aquella persona que agreda a un funcionario municipal en el ejercicio de sus funciones de seguridad o de inspección municipal —afirma la Subsecretaria Carolina Leitao.
La autoridad hace hincapié en que el proyecto de ley no habla del concepto de policía municipal, porque no está dentro de la propuesta y porque se pretende fortalecer el rol preventivo que ejercen los funcionarios municipales en materia de seguridad.
Lo que si se desarrolla es la capacidad de coadyuvante de Carabineros si así se requiere.
—En este nuevo marco normativo lo que estamos haciendo es propender a la mejor capacitación de estos funcionarios a regular funciones coadyuvantes, es decir, se establece este concepto en la ley para que se diga que los funcionarios municipales pueden desarrollar tareas con Carabineros, acompañado de Carabineros —remarca.
Pero desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) la expectativa del proyecto no es la misma.
—El temor que tenemos los alcaldes es que sea una ley más que no venga acompañada de recursos. Esta ley como viene financiada a la fecha es totalmente inaceptable, porque sería alrededor de cuatro millones y medio por año para gastar en seguridad con todas las exigencias que nos hacen y además es pura burocracia —acusa el alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch, Gustavo Alessandri (IND-UDI).