—Estoy sin agua, sin luz, no tengo qué comer y no me quieren pagar ¿Uno tiene que hacer escándalo para que nos paguen o tenemos que tener pituto para que nos escuchen? —grita una mujer en la principal oficina de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región de Biobío.
Otras personas la grabaron y empezaron a sumar sus descargos a la cámara: "¡Yo también exijo, estamos cansados!".
Es parte de una manifestación espontánea que se formó en la Compin de Concepción el pasado martes 8 de abril. Son usuarios desesperados que piden que les paguen sus licencias médicas, que por diversas razones no han recibido el dinero que necesitan para solventar sus días no trabajados. Monto que para muchas familias representa la pérdida de todo su presupuesto mensual cuando están enfermos y vulnerables.
La dificultad para cobrar una licencia puede tener varios motivos válidos, incluso el rechazo objetivo y médico del reposo. Pero lo que complica no parece ser la decisión de la Contraloría Médica, sino más bien los engorrosos y largos procesos que atrasan el trámite, llevando a usuarios a esperar hasta años por el subisidio de incapacidad laboral.
Los casos parecen reproducirse a lo largo del país. De hecho tres diputados, desde distintas regiones, enviaron a finales de 2024 y principios de 2025 oficios de fiscalización por denuncias de personas que viven en sus distritos y acusan atrasos en los pagos.
¿Cuántos casos hay en Chile? ¿A qué se debe que esas licencias no hayan terminado su trámite?
Informe Especial investigó la cantidad de licencias médicas emitidas y que tienen pagos pendientes, específicamente de aquellos cotizantes que reciben pago directo de Fonasa.
Cotizantes de Fonasa a la espera (otra vez)
Sin duda, las listas de espera en salud siempre están en el debate público. Pero hay otra fila que sufren especialmente los usuarios del Fondo Nacional de Salud: la del pago de sus licencias médicas.
Informe Especial pidió vía transparencia a la Subsecretaría de Salud Pública la “cantidad de licencias médicas que no se encuentran pagadas”.
Solicitamos en febrero pasado la información. Tras denegarla en primera instancia, en marzo contestaron que había 2.588 licencias médicas impagas entre 2018 y 2024, llegando a más de $813 millones adeudados.
Pero posteriormente rectificaron la cifra a la baja. La Subsecretaría de Salud Pública indicó que son 195 las licencias médicas adeudadas; lo que significa más de 60 millones de pesos pendientes de pago a los cotizantes. Deudas que incluso en algunos casos se arrastran desde 2018. Eso sí, la mayor cantidad de subsidios de incapacidad laboral pendientes corresponden a 2022 y 2021.
En la rectificación adviertieron que entre las regiones con más licencias médicas atrasadas lidera la Metropolitana, seguida por La Araucanía y Biobío. Entregaron estas cifras:
Dentro de las adeudadas, el 58% tiene un valor superior a $100 mil. En tanto, 21% son equivalentes o mayor al sueldo mínimo.
Para dimensionar las cifras obtenidas, eso sí, es importante precisar que Compin sólo es la entidad pagadora para aquellos cotizantes de Fonasa que no tienen Caja de Compensación (CCAF). Por lo tanto, en la respuesta de la autoridad no están consideradas las licencias médicas que se les deben a trabajadores privados que tienen CCAF, funcionarios públicos o quienes son clientes de una isapre. En efecto, la respuesta aborda sólo a las personas que cotizan directamente en Fonasa, que son el 15% del total del sistema.
En su respuesta, la autoridad remarcó que los principales motivos responden a que las licencias “están en procedimiento administrativo o judicial y que aún no cuentan con decisión firme”, como -por ejemplo- aquellas sujetas a recursos de reposición (o reclamo) ante la Superintendencia de Seguridad Social, o apelación en la misma Compin. También se incluyen casos donde se requieren antecedentes adicionales del trabajador, empleador o informes médicos complementarios. Incluso, subsidios que fueron emitidos, pero no cobrados por el beneficiario en el plazo.
La voltereta
Al margen, la entrega de información de la Subsecretaría de Salud Pública fue particularmente confusa. En una primera solicitud derechamente denegaron los datos. Tras una apelación ante el Consejo Para la Transparencia, el 20 de marzo reportaron oficialmente las 2.588 licencias médicas pendientes de pago, que en total alcanzaban $813 millones.
Primera respuesta de la Subsecretaría de Salud Pública a solicitud de transparencia de Informe Especial by Informe Especial
Sin embargo, en un hecho inédito, tras una solicitud de entrevista de Informe Especial rectificaron su respuesta.
Mediante la misma solicitud, el 8 de abril enviaron cifras "actualizadas". De 2.588 licencias iniciales, el reporte bajó a 195 impagas. Y de $813 millones la deuda se redujo a apenas $60 millones.
Segunda respuesta de la Subsecretaría de Salud Pública a solicitud de transparencia de Informe Especial by Informe Especial
En resumen, entre ambas respuestas hubo un descuadre de 2.393 subsidios de incapacidad laboral y de $753 millones.
—Me parece algo bastante contradictorio, son cifras que son 12 veces más bajas y de más de 2.500 personas disminuye a 195; o sea, es una cosa que es demasiado abismante. No pueden haber diferencias tan significativas —apunta el médico y senador de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS)—. Esto a mí me obliga a ir a la Contraloría General de la República para auditar esas compines —subraya.
En efecto, Castro ya envió la solicitud de oficio a la Contraloría General de la República, indicando que la diferencia en las cifras en tan solo dos semanas "genera legítimas dudas respecto a la calidad y trazabilidad de los registros administrativos, la forma en que se consolidan y presentan los datos públicos, la capacidad de respuesta del sistema frente a requerimientos ciudadanos".
Ante ello, el senador requirió "información oficial, detallada y actualizada al Ministerio de Salud o a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), respecto a: el número real y actualizado de licencias médicas impagas; el monto total involucrado; su distribución por región, tipo de licencia y estado administrativo; los criterios metodológicos y sistemas informáticos utilizados para la consolidación de esta información". Además de "evaluar, en caso de advertirse inconsistencias, demoras excesivas, o falta de diligencia en el tratamiento de estos subsidios, la pertinencia de iniciar una fiscalización especial o auditoría, con el objeto de identificar eventuales responsabilidades administrativas o ineficiencias sistemáticas".
Con todo, la Subsecretaría de Salud Pública argumentó en la misma rectificación que la diferencia en las cifras se debe a una actualización de datos dinámicos. "El área técnica del Departamento de Coordinación Nacional de la Compin, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, remitió a nuestra unidad información actualizada en relación a lo consultado por el requirente”, afirmaron tras cambiar la respuesta inicial.
Sobre la notoria diferencia, la Directora Nacional de Compin, Valeria Céspedes, indicó por escrito que el error se cometió al procesar las bases de datos, que no reflejaban el total de pagos procesados.
—Tras su consulta, realizamos una revisión exhaustiva y conciliación de los datos históricos. (...) La causa de esta omisión en la base de datos de reporte está asociada a desfases temporales en la sincronización de la información. Estos desfases pueden ocurrir ocasionalmente debido a factores técnicos como, por ejemplo, procesos de transferencia de datos tras eventos de mantención o caídas puntuales del sistema principal —asegura.
El diputado Andrés Celis (RN), miembro de la Comisión de Salud, también reprochó el abultado cambio en los registros.
—Es gravísimo que una institución pública entregue información errónea en un tema tan delicado. No puede ser que jueguen así con la credibilidad institucional —acusa—. No hay una cifra oficial consolidada. Sabemos de estimaciones parciales, pero la deuda total, considerando licencias aprobadas, pero no pagadas, sigue sin transparentarse. Eso es inaceptable y es lo que estamos pidiendo que se aclare —afirma.
Informe Especial recurrió al Consejo de la Transparencia y solicitó más antecedentes sobre el error, cuyas aclaraciones deberían llegar durante el transcurso de esta semana. A la espera, consultamos al abogado especialista en transparecia, Alberto Precht.
—Uno esperaría que el Consejo para la Transparencia efectivamente iniciara un sumario y auditara los datos que efectivamente se enviaron en este reportaje, con esas respuestas tan equívocas, extemporáneas, etc. La Ley de Transparencia establece la posibilidad de sancionar al jefe de servicio con incluso el 50% de la remuneración; y es lo que uno esperaría que ocurriera en este caso para que efectivamente se hiciera valer el derecho a la información que tenemos todos nosotros —advierte Precht.
Pagos dilatados
Al margen de las cifras, los testimonios evidencian el problema. Basta con acercarse a los cotizantes de Fonasa que día a día acuden a las oficinas de Compin. Tal como Carlos Córdova, a quien le avisaron recién en enero que estaba listo el pago de una licencia que esperaba desde marzo del 2024.
Carlos perdió a su hijo a fines de 2023, quien apareció muerto tras 26 días desaparecido. Su mundo se vino abajo, y con ello su salud mental. Por eso, desde noviembre de ese año presentó varias licencias a su empleador. Algunas no fueron aceptadas por Compin y tuvo que apelar ante dicho organismo, de acuerdo al proceso que establece la normativa.
Sin embargo, la demora de la respuesta —de casi un año— deja de manifiesto los problemas del sistema para asegurar el reposo ante una enfermedad y la recuperación médica efectiva para volver al trabajo.
Específicamente, la licencia de Carlos Córdova fue recibida en el Compin el 20 de marzo de 2024 y 57 días después fue rechazada. El 5 de julio se realizó el Recurso de Reposición ante la Compin, el cual fue aceptado por la Contraloría Médica en 45 días. Desde ese momento a la autorización del pago pasaron 108 días y 33 más para que el dinero fuera efectivamente depositado en Banco Estado.
—En todo me afecta, porque imagínese si yo estoy contando los días para que me paguen la licencia y pasa que hay un rechazo de la documentación, a mi me desprograma en todo —señala a la salida de la Compin Metropolitana Oriente, en pleno centro de Santiago.
En efecto, la institución admitió a Informe Especial que "los volúmenes de licencias tramitadas son altos (el año 2023 fueron 6.798.698 licencias) y que diariamente se pagan de 1.000 a 1.200 millones de pesos para los trabajadores (pago directo), de los cuales, el 98% de estos casos, se paga dentro de los 30 días desde emitida la licencia. Existiendo casos que pueden exceder este plazo".
Haciendo un cálculo rápido del 2% restante, este tipo de casos alcanzaría a casi 136 mil personas al año.
—Sabemos que hay un problema grave y persistente con el pago de licencias médicas, en especial para quienes están en Fonasa. Esta situación ocurre porque el sistema está completamente tensionado. La tramitación es lenta, las validaciones médicas se demoran y lo más grave; en varios casos simplemente no hay recursos disponibles en las fechas en que corresponde pagar —explica el diputado Celis.
—Las compines son instituciones muy débiles en nuestro país, hace más de 20 años salieron de los servicios de salud, se traspasaron a las seremias que dependen de la Subsecretaría de Salud Pública, pero no han tenido aumento de dotación, no han tenido aumento de recursos, la capacidad fiscalizadora es muy baja, tienen mucha burocracia; no por culpa de los que están ahí, sino que hay una escasez de personal y de inspectoría que permita hacer los peritajes. Hay mucha gente que estando enferma a veces tiene una extensión de licencia, o una nueva licencia de prórroga o una apelación que hace que haya un circuito muy largo para periciar que la enfermedad que se tiene es proporcional a los días de reposo que le dan —explica por su parte el senador Castro (PS).
Problemas de caja
—He recibido diversas denuncias de vecinos y vecinas del distrito N°6, quienes han señalado que han habido demoras en el pago de las licencias médicas autorizadas por Compin, lo que ha causado un serio perjuicio económico a muchas familias —dice un oficio público enviado por la diputada Francisca Bello (Frente Amplio) el 20 de enero, en el cual pide que se "informen si es efectivo que Compin ha generado retrasos en el pago de las licencias médicas ya aprobadas".
El Ministerio de Salud le respondió el documento el 2 de abril recién pasado y, respecto a las licencias aprobadas en 2024, indicó:
"A la fecha, no hay retrasos en el pago de licencias médicas aprobadas. Los retrasos experimentados en el pasado se han regularizado, o se debieron a una demora en las transferencias hacia las entiadades correspondientes de los recursos necesarios para concretar dichos pagos", remarcó dicha cartera.
El diputado independiente de Antofagasta, Sebastián Videla Castillo, también envió el 15 de enero un oficio público en el que expone "la situación respecto al no pago de licencias médicas aprobadas en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)".
Por su parte, en otro oficio público, la diputada del PC María Candelaria Acevedo también alertó a fines de diciembre sobre las denuncias de distintos usuarios. En su caso, advirtió sobre el fondo del problema: "De acuerdo con los antecedentes recabados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), no se han traspasado los recursos respectivos para atender estos ítems, afectando sobremanera a chilenos y chilenas en su diario vivir".
Pese a lo señalado por Minsal, Fonasa respondió a la parlamentaria y admitió que sí hubo un retraso para los cotizantes que no tienen caja de compensación, pero que este ya se habría regularizado: "Las licencias médicas denominadas de pago directo, que corresponden a personas trabajadoras del sector privado, no afiliadas a una CCAF, y que son pagadas por la Subsecretaría de Salud Pública, experimentaron retraso en el pago de los subsidios de incapacidad laboral en los meses de noviembre y diciembre 2024".
En ese documento, Fonasa explicó que la situación de retraso en el pago Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) por parte de la "Subsecretaría de Salud Pública, a través del convenio con el Banco Estado, afectó a las licencias médicas de pago directo, que representan alrededor del 15,5% del gasto total de SIL del año 2024".
Respecto a la Ley de Presupuestos 2024, detallaron que a Fonasa se le asignaron $255 mil millones, con los que pudieron pagar las licencias entre enero y julio de 2024.
En ese sentido, remarcaron que —al igual que en años anteriores— debieron realizar diversas gestiones para inyectar nuevos recursos sobre la marcha. Puntualmente, obtuvieron $104 mil millones adicionales para pagar las licencias entre agosto y noviembre de 2024. Asimismo, el 18 de diciembre se aprobaron otros $6.200 millones "que permitieron liberar parte de las licencias médicas que se mantenían sin pago del mes de noviembre de 2024".
En tanto, aseguraron, los primeros días de enero de este año transfirieron la totalidad de los recursos faltantes para saldar la deuda pendiente de 2024.
—Lamentablemente, el no pago se debe a problemas de caja. Fonasa ha dicho que tienen restricciones presupuestarias, lo que demuestra que este no es sólo un problema administrativo, sino financiero. Es muy grave que el Estado no tenga cómo responder a trabajadores enfermos por falta de presupuesto —apunta Celis.
—Dentro de las reparticiones de culpa normalmente esas culpas son compartidas con Fonasa, también porque recordemos que el año pasado hubo una larga auditoría, muy contundente de la Contraloria General de la República que demostró que Fonasa tiene unos incobrables enormes porque tampoco tiene capacidad fiscalizadora de la trazabilidad de los dineros que pagan, sea vía directa de la Compin o sea vía caja de compensación —señala el senador Juan Luis Castro.
En tanto, pese a los reiterados intentos por tener una entrevista con Fonasa, finalmente la institución se limitó a contestar por escrito a una sola de las preguntas de Informe Especial, confirmando el retraso registrado en 2024.
"Los primeros días del mes de enero 2025 la situación fue regularizada, momento en el que Fonasa traspasó todos los recursos necesarios a la Subsecretaria de Salud Pública para que, a través de Compin, se pudieran realizar los pagos que se encontraban pendientes, y a la fecha las transferencias de recursos se realizan en los plazos y flujos esperados", remarcaron.
Sin embargo, no explicaron desde cuándo se arrastran estos problemas y qué medidas se están tomando en 2025 para frenar los atrasasos que recurrentemente denuncian los usuarios en los pagos de licencias médicas.