La guerra interna entre los mayores accionistas de Azul Azul S.A. no se detiene. Por un lado están Daniel Schapira y su hijo Eduardo, dueños del 21,4% de la concesionaria que controla el Club Universidad de Chile. En el otro, asoma Michael Clark, el principal propietario y presidente del directorio, con un 63%.
En el marco de la disputa entre ambas partes, la última batalla terminó en un nuevo triunfo para los Schapira. El 10 de abril, la jueza del 20° Juzgado Civil de Santiago, Gabriela Silva, desestimó el recurso de Clark que buscaba dejar sin efecto la nueva arremetida judicial de sus adversarios.
Se trata de un capítulo que se abrió el pasado 4 de marzo, cuando los Schapira presentaron una "medida prejudicial precautoria" ante dicho tirbunal. Todo para frenar el último paso de Clark, el único que le falta para consolidar su cuestionada compra del 13 de diciembre y así ser dueño mayoritario con todas las de la ley.
Dicha jugada de los Shapira fue concedida la semana pasada, el 3 de abril, y se conoció públicamente el sábado. De ese modo, Clark quedó sin chance de ejecutar la Oferta Pública de Adquisión (OPA) que había anunciado el 28 de marzo, y que le permitiría reparar el entuerto legal que se generó tras la que muchos califican de soterrada salida de Sartor de la propiedad. En efecto, le valió una serie de reproches de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la autoridad reguladora del sector.
Ante ese revés, Clark —en rigor, Sartor— ingresó un recurso de reposición para anular la medida que lo obligó a paralizar todo. Sin embargo, el tribunal le rechazó la petición y por ahora todo seguirá congelado.
Con ese flanco abierto, la CMF comenzó a vigilar de cerca el asunto y le pidió explicaciones a ambos bandos. Clark respondió literalmente con el mismo comunicado que emitió a la prensa el sábado 5 de abril. Mientras los Shapira explicaron sus intenciones y le pidieron a la entidad fiscalizadora "adoptar las medidas del caso para resguardar la estabilidad en el mercado".
Doble frente de batalla
La disputa entre ambos bloques no es reciente. Básicamente hubo fricciones desde que Sartor llegó a la propiedad en 2021 y colocaron en la presidencia del club a Clark. Sobre todo porque arribaron por medio de un fondo de inversión privado (FIP) y nunca ha sido transparentado quiénes son realmente los dueños que están detrás.
Sin embargo, las diferencias se fueron agudizando en los últimos meses, sobre todo a partir de diciembre, cuando Sartor vendió en privado sus acciones de Azul Azul a Clark. Hasta entonces, él solo tenía una parte del FIP, pero abruptamente se quedó con todo. Es decir, el 63% que era de Sartor.
Ahí entró la CMF y le reprochó que el proceso de compra se haya hecho sin una OPA, tal como exige la Ley de Mercado de Valores (LMV).
En ese escenario se inició la arremetida de los Schapira. Para empezar, el 22 de enero pasado presentaron una querella criminal contra Michael Clark por “fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones”, la que actualmente se está tramitando en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
A eso se sumó la segunda parte conocida el sábado pasado, pero esta vez ante la justicia civil.
En todo caso, en rigor, esta última ofensiva no está del todo ejecutada. De hecho, tal como dice su nombre, lo que se tramitó exitosamente fue la "medida prejudicial precautoria" contra Sartor. Pero la demanda en sí misma aún no es presentada y los Schapira tienen hasta el próximo martes 15 de abril para hacerla.
Según anticiparon en su requerimiento, el objetivo de paralizar la transacción es asegurar los resultados de su acción contra Sartor, el FIP Tactical Sport y Antumalal (la sociedad de Clark). Puntualmente, pedirán una "acción de nulidad absoluta con indemnización de perjuicios".
Es decir, los Shapira buscarán dejar sin efecto la compra de Clark a Sartor y, a su vez, reclamarán una compensación en dinero por el daño que dicha transacción les generó.
Según adelantó a Informe Especial José Pedro Silva, uno de los abogados de los Schapira, una vez presentada la demanda se podría "reservar el perjuicio para el cumplimiento". En simple, fijar una suma de dinero y dejarla congelada mientras se desarrolla el litigio. Así, una vez que se dicte sentencia, podrían asegurarse de recibir —eventualmente— la indemnización que buscan obtener.
Pelea ante la CMF
En medio de toda esa vorágine es que la Comisión para el Mercado Financiero llamó a colación a Clark y también a los Schapira. Así se lo exigió a ambos el lunes pasado, mediante una comunicación oficial a Azul Azul, la que debieron responder en 24 horas.
Cumplido dicho plazo, los demandantes explicaron en su respuesta el proceso judicial en curso, tanto a nivel penal como civil, además de exponer todos los cuestionamientos realizados en diciembre por la propia CMF respecto a la falta de una OPA en la compra de Clark a Sartor.
El mensaje fue enviado al ente regulador por los abogados de la familia Shapira, Alejandro Awad, Miguel Schurmann y José Pedro Silva. Al cierre de esa contestación, básicamente hicieron un llamado de ayuda.
"Teniendo presente las facultades legales de las que dispone la CMF y que se le han comunicado al Sr. Clark Varela (...) solicitamos a la Comisión adoptar las medidas del caso para resguardar la estabilidad en el mercado y así también velar por la transparencia en el control de las sociedades anónimas. La labor del regulador es insustituible en hechos de esta gravedad, por lo que la comunidad agradece el ejercicio de sus facultades legales en el presente caso", remarcaron.
Por su parte, Clark remitió a la CMF su comunicado de la semana, al cual sólo añadió unas lineas introductorias: "Debo señalar que no he sido notificado de resolución judicial alguna, tratándose como usted bien dice, de información de prensa, unido a consultas de periodistas que me hicieron a mi y al club y que daban cuenta de la supuesta resolución judicial que habría sido dictada el pasado jueves, y que se hizo pública el sábado, una hora antes de que jugara el primer equipo".
Al margen, quedan en el aire las implicancias que esto podría tener en otra de las disputas que hoy enfrenta Sartor.
A inicios de enero, BCI Corredor de Bolsa también acudió a la justicia civil para pedir la liquidación forzoza —en simple, la quiebra— del grupo financiero controlador de la U. Y en ese marco, al igual que los Schapira, también pidieron revocar la compraventa secreta de Clark.
Pero en este caso la aspiración es poder pagarse de una deuda de Sartor, que a la fecha de la acción legal alcanzaba los $5.724 millones. En definitiva, saldar el compromiso de pago vendiendo en el mercado las cuotas del fondo que hoy controla el club; o dicho de otra forma, vendiendo parte de la U al mejor postor.
Con todo, pese a los intentos por contactar a Clark para obtener su versión sobre los últimos movimientos judiciales, no fue posible obtener una respuesta.
- Hasta la fecha no existe una sentencia judicial ejecutoriada que de por establecido lo que sucedió. Al ser un caso aún sin resolver, los involucrados son inocentes y ello sólo podría cambiar si la justicia determina algo distinto. Las opiniones expresadas en Informe Especial son de responsabilidad de quienes las emiten.