La Fiscalía de Atacama formalizará el próximo 28 de mayo a otras cinco personas por delitos de corrupción, en el marco del llamado Caso Convenios —incoado en Copiapó— y que tramita el persecutor Luis Miranda Flores, en cuya trama aparecen una serie de funcionarios públicos, algunos de ellos militantes radicales y otros ligados al Partido Socialista.
Dicha información consta en la resolución adoptada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad el pasado 21 de abril, firmada por la titular María Asunción De La Barra, a la que accedió Informe Especial, y que estaría vinculada —en particular— a la arista de la Fundación Comprometidos, en la que a inicios de abril ya fueron formalizados otros cuatro imputados, de los cuales dos se encuentran actualmente en prisión preventiva.
De acuerdo al documento, el Ministerio Público sumará a ese grupo a Lizza Aravena Briceño, exjefa del Fosis en Antofagasta y actual jefa de gabinete del Gobernador Regional, Ricardo Díaz (IND-exRD). Este último fue duramente cuestionado por la Contraloría en 2023, luego que se descubrieran traspasos del GORE a ONGs como ProCultura, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público y se sumaron a la investigación en curso.
En el listado de nuevos imputados aparece también el abogado David Blanco Urzúa, miembro del estudio Grupo Blanco, quien además fungió como coordinador del conglomerado “Chile Digno” en el primer proceso constituyente, y que según la página web de Fundación Comprometidos fungía como el jurista de la ONG.
Le sigue Hugo Landauro Henríquez, ligado comercialmente a un colegio de adultos que lleva su nombre, pero que oficiaba como contralor de la entidad.
Asimismo, en la decisión judicial se apunta como imputado a Ramiro Moreno Valenzuela, un profesional del Gobierno Regional de Arica, encargado de revisar y evaluar uno de los proyectos cuestionados.
Por último está incluido el militante del Partido Socialista (PS) y funcionario del GORE de Antofagasta, Ángel González Salvatierra.
Con todo, la magistrada advirtió a los futuros formalizados que tienen la obligación de presentarse el día de la comunicación de cargos, a fines de mayo, ya que una "falta de comparecencia injustificada a la audiencia podrá dar lugar a despachar orden de detención en su contra”.
Los comprometidos
En el marco de la misma indagatoria a la Fundación Comprometidos —domiciliada en Quinta Normal—, el pasado lunes 7 de abril fueron detenidos cuatro imputados: dos hombres y dos mujeres. Al cierre de esa misma semana, el viernes 11, la propia Fiscalía los formalizó por su presunta participación en delitos de corrupción vinculados a dicha ONG en la Región de Atacama y también en Arica y Antofagasta.
De ellos, dos quedaron en prisión preventiva. Si bien el tribunal prohibió difundir sus identidades, uno de los que quedó bajo dicha medida cautelar fue S.G.D.V., otrora militante del extinto Partido Progresista (PRO) y representante legal de la Fundación Comprometidos, acusado de soborno, fraude al fisco, administración desleal y lavado de activos.
Lo propio ocurrió con J.C.T.B., imputado por cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. Dicho funcionario fue presidente regional del Partido Radical en Atacama, exjefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional y —al menos hasta el día de su detención— se desempeñó en la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla) de la Municipalidad de Copiapó.
En particular, este último trabajó en el GORE bajo la administración del Gobernador Miguel Vargas Correa (IND-exPS), y en el municipio con el alcalde Maglio Cicardini Neyra (PS).
Para las otras dos imputadas en la causa se aplicaron distintas medidas cautelares. La excandidata a gobernadora regional, exseremi del Trabajo del actual gobierno y también militante radical, de iniciales G.P.C.V., quedó con arresto domiciliario nocturno. Hasta la fecha se desempeñaba también en el municipio de Copiapó, a cargo del Centro Comunitario de Paipote. De acuerdo a fuentes de Informe Especial, sería pareja de J.C.T.B.
En tanto, la última del grupo está cumpliendo arresto domiciliario total. Se trata de M.J.O.H., la médico veterinaria y otrora directora de bienestar animal de la Fundación Comprometidos, que junto a la anterior además deberán mantener arraigo nacional y prohibición de tomar contacto con el resto de los imputados.
Fiscalía al ataque
Con todo, según comunicó el Ministerio Público a inicios de abril, la investigación penal del caso está siendo dirigida por la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía de Atacama, cuyos antecedentes —reunidos junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Copiapó— apuntan a un perjuicio estatal cercano a los $600 millones.
De acuerdo a los registros oficiales, revisados por Informe Especial, en 2022 la Fundación Comprometidos recibió $144 millones desde el GORE Antofagasta y $116 millones del GORE de Arica y Parinacota. En 2023, en tanto, obtuvo otros $163 millones también desde la Gobernación de Arica. Según la investigación, todo ese financiamiento estuvo relacionado con programas de esterilización de mascotas.
Ese mismo 2023 se sumaron otros $96 millones en un convenio con la Seremi de Vivienda de Atacama. De acuerdo con el persecutor, la Fundación Comprometidos recibió los recursos para un proyecto de entrega de agua potable en dos campamentos de Copiapó, pese a no contar con los requisitos técnicos ni la experiencia en esa materia.
Asimismo, en su momento llamó la atención que en el marco de ese convenio se realizaron cobros a los vecinos de dichos asentamientos para la entrega del beneficio. Eso sí, la fundación explicó en un comunicado que no tenían "injerencia alguna" sobre el cobro por la entrega de agua potable” y que el valor cobrado a las familias fue "parte de las condiciones contractuales establecidas por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama para el desarrollo del proyecto".
En tanto, respecto a los programas de esterilización de mascotas, en redes sociales aún es posible ver reclamos de 2023 acusando negligencias en Arica.
En su argumentación de hace tres semanas, el Fiscal Regional de Atacama Juan Andrés Shertzer expuso las fechas en que Comprometidos recibía los montos para la ejecución de las iniciativas, de acuerdo a los convenios suscritos, dinero que luego era girado en efectivo o vía transferencias por una de las imputadas, comenzando la triangulación de los dineros entre los detenidos.
Nexos clave
Según ventiló Fiscalía en la formalización de los primeros cuatro imputados, la dinámica fue así: J.C.T.B., exjefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional, habría sido quien recomendó a la Fundación Comprometidos para el convenio en los campamentos en Atacama.
Tras ello, advierten, fue que la entidad obtuvo el contrato con el Serviu. Con el contrato en marcha, la indagatoria indica que el fundador S.G.D.V. le pidió la recomendación de algún nombre para trabajar en la iniciativa, pese a que el proyecto no dependía del Gobierno Regional.
Ahí fue que se incorporó al trabajo G.P.C.V., quien de acuerdo a fuentes de IE reconoció a Fiscalía que con J.C.T.B. mantenía una relación sentimental. El motivo central habría sido uno solo: el convenio consideraba un cobro a los beneficiarios y ella conocía a los dirigentes de los campamentos.
Según los antecedentes, en varias ocasiones incluso llegó a la oficina de su pareja en el GORE y ocupó el computador de éste para labores asociadas a la fundación, de modo que se presume que él —hoy en prisión preventiva— tendría algún vínculo con Comprometidos.
En Antofagasta, en tanto, en la formalización Fiscalía señaló que el representante legal de la fundación trabajó en la campaña del gobernador Ricardo Díaz, lo que le facilitó el camino para el convenio de esterilización de mascotas en Tocopilla, para cuya postulación habría sido ayudado por funcionarios del GORE.
Una dinámica similar se habría dado en Arica. Ante la cercanía del fundador de la ONG y funcionarios del GORE de esa región, el Ministerio Público indaga si el objetivo de los traspasos era financiar un conglomerado político, ya que varios de ellos estaban constituyendo el partido político Mejor Región. Incluido el representante legal de Comprometidos.
En la audiencia de inicios de abril, el Fiscal de la Unidad de Causas Complejas, Luis Miranda Flores, detalló que esta causa es particular, pues se indagan acciones en tres regiones del país de parte de "una fundación sin ningún tipo de competencia, sin arraigo en la región y en ninguna otra de las regiones que fueron investigadas, sin patrimonio y sin recursos humanos, que se adjudicó dos grandes grupos de programas".
Con todo, respecto a las últimas novedades del caso, IE contactó a Lizza Aravena, quien se manifestó sorprendida con la futura formalización y afirmó que no ha sido notificada de la resolución.
En particular, aseguró que el programa cuestionado de la Fundación Comprometidos y las respectivas transferencias fueron debidamente analizadas y aprobadas.
David Blanco Urzúa, en tanto, explicó que a raíz de que la causa es reservada no podía hacer comentarios. Si bien comprometió un eventual contacto con su abogado, al cierre de esta edición ello no ocurrió.
En tanto, pese a los reiterados intentos por vía telefónica y mail, no fue posible contactarse con Ramiro Moreno y Ángel González.
Por último, Hugo Landauro derivó el requerimiento con su abogado Reynerio García de la Pastora, quien se excusó de entregar una versión, atendido a que no ha presentado el patrocinio y poder en la causa.