La Contraloría General de la República (CGR) realizará un sumario en Gendarmería luego de acreditar graves anomalías de funcionamiento en los inhibidores de señal que posee el servicio de prisiones en el sector de Pedro Montt, donde funciona la ex Penitenciaría, Santiago 1 y el Penal de Alta Seguridad.
Dichos problemas constan en el Informe Reservado 642, fechado el 18 de marzo de 2025, al que accedió Informe Especial.
En 81 páginas, el organismo fiscalizador detalló los problemas que presenta el proyecto que costó al gobierno más de $5.600 millones de pesos y fue presentado en abril de 2024 como “la bestia negra intramural”. Fue bautizado como “sistema guardián”, cuyo contrato fue pactado por 36 meses.
Pese a lo anterior, la CGR descubrió que los privados de libertad siguen operando celulares al interior de los penales y, pese a estar en la llamada “lista negra” del inhibidor de señales, pueden conectarse a internet sin problemas y evitar la acción del sistema.
“En la presente fiscalización se advirtieron situaciones tales como equipos móviles en lista negra con acceso a internet, utilizando redes Wi-Fi o tarjetas SIM liberadas, dispositivos bloqueados con períodos intermedios sin limitación de conectividad, entre otros”, detalla el documento al que accedió IE.
Creatividad criminal
El órgano revisor recalcó que el servicio contratado —previa licitación a la israelí Septier Communication y la chilena TIER 1— presenta importantes “vulnerabilidades en cuanto a su funcionamiento y/o que las situaciones expuestas no fueron consideradas al inicio de la elaboración” de la convocatoria.
De hecho, los auditores de la CGR estiman que las anomalías aludidas permiten que la “población penal pueda tener acceso con el exterior de los recintos penitenciarios, mediante telefonía móvil y conexión a internet”.
Aún así, no es todo. Según señala el informe, en Gendarmería reconocen que las antenas de operadores de telefonía móvil cercanas a los recintos interfieren las señales de bloqueo del sistema y mejoran “la calidad de recepción de la señal en general, aumentando la capacidad para conectarse a la red incluso para equipos bloqueados”.
Al mismo tiempo, el servicio —dependiente del Ministerio de Justicia— destacó que la creatividad criminal ha ido en aumento. Los reos han encontrado las fórmulas para burlar el sistema. Por ejemplo, eliminan el GPS del dispositivo, cambian reiteradamente el chip, encienden y apagan constantemente el móvil, clonan la identificación IMEI, lo que se suma a las redes Wi-Fi que operan en la zona (como la del Ministerio Público y la Defensoría), las que el sistema de inhibición no puede anular.
“La evolución tecnológica es contraproducente para el sistema, ya que le exige estar en constante desarrollo y actualización”, remarcó la institución verde boldo en su respuesta al ente fiscalizador.
El pago de Chile
Pese a las distintas falencias, el reporte reveló que Gendarmería emitió de todas formas los estados de pago por el servicio, incluso en momentos que el sistema no estuvo operativo.
Por ejemplo, en agosto de 2024 el servicio de prisiones canceló poco más de $471 millones de pesos, divididos en tres períodos, desde abril hasta julio.
Básicamente, ello implicó —al menos en apariencia— que la empresa contratada superara el estándar mínimo del 85% de bloqueo de aparatos en los penales señalados.
Sin embargo, en la auditoría a la que accedió Informe Especial se identificaron momentos en donde el sistema no detectó los registros que identifican a los móviles, conocidos como IMSI e IMEI.
Por ejemplo, el 30 de mayo de 2024, entre las 17:53 y 23:59 horas; y también el 31 de mayo de 2024, entre las 01:22 y las 11:45 horas, destacó la auditoría.
El hallazgo de la CGR fue claro y obligó a Gendarmería a cursar una multa que al menos alcanza los $27 millones.
No obstante, hay más: la Unidad de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones informó que “no poseen la capacidad para revisar que el porcentaje de cumplimiento informado por la empresa sea el indicado, precisando que (...) no se tiene la obligación de realizar un análisis completo de los datos que genera el sistema, en consideración de que lo contratado corresponde a un servicio”.
2G, el bloqueo inútil
Actualmente, en Chile existen 79 recintos de régimen cerrado. De ellos sólo 11 cuentan con sistema inhibidor. Es decir, apenas el 12,7%.
En regiones, por ejemplo, se encuentran los concesionados ubicados en Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Biobío, Valdivia y Puerto Montt. En la misma calidad está Santiago Uno, mientras que los tradicionales son la ex Penitenciaría y la Cárcel de Alta Seguridad.
Pues bien, las prisiones regionales cuentan con la tecnología Jammer que comenzó a funcionar entre 2005 y 2013.
Pero actualmente sirven de poco y nada, detalla la CGR, ya que centran su búsqueda en las redes 2G.
“La última publicación de las series conexiones internet móvil efectuada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), expuso que, en marzo de 2024, existieron 172.733 conexiones 2G; 910.891 conexiones 3G; 17.634.089 conexiones 4G y 4.251.156 conexiones 5G, lo que evidencia que la utilización de las redes 4G y 5G son las predominantes en la actualidad”, añade el documento.
Los auditores verificaron una situación en terreno, el pasado 13 de agosto de 2024 en el Complejo Penitenciario La Serena.
En la visita corroboraron que “los equipos inhibidores que se encontraban instalados permitieron efectuar llamadas y conexiones a internet desde la red 3G de distintos operadores móviles, siendo confirmado por el recinto penitenciario que dichos dispositivos de inhibición cubren hasta las redes 2G, redes que actualmente no están disponibles en el sector en que se encuentra emplazado el complejo”.
Dicha tecnología Jammer presenta al mismo tiempo graves daños en los aparatos inhibidores en las zonas mencionadas. Un ejemplo de ello es Rancagua, donde apenas dos de 30 funcionan.
En las estadísticas a nivel país, de 361 aparatos solo 240 están operativos, mientras que 121 están dañados. En otras palabras, apenas un 66,48% sirve.
“Guardián” de lunes a viernes
Otro aspecto importante del informe de Contraloría es que, durante los dos primeros meses, el sistema reportó las identidades digitales de los aparatos en forma diaria en Santiago.
Sin embargo, desde junio de 2024 las entregas se realizaron de lunes a viernes, mientras que el fin de semana se hacía de forma aleatoria, sin que los aparatos detectados fueran incluidos en la llamada “lista negra”.
En sus descargos ante el ente fiscalizador, Gendarmería indicó que la inclusión de reportes de lunes a viernes era una “estrategia de gestión, con el objetivo de optimizar la obtención de datos menos contaminados los fines de semana, considerando el menor flujo de personas en el sector”.
La institución también argumentó que junto al proveedor se generaron mejores sistemas de automatización, pero la CGR estimó que las explicaciones no eran válidas y mantuvo la observación.
Con todo, una copia de dicho proceso de fiscalización fue enviada al Ministerio Público para que evalúe si existen hechos que puedan revestir carácter de delito.
A raíz de todo lo anterior, Informe Especial consultó al Ministerio de Justicia y a Gendarmería sobre los cuestionamientos señalados por el reporte. Sin embargo, al cierre de este artículo, no hubo respuesta.