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Los hechos claves que el Ministerio Público busca formalizar en caso Factop

La minuta de formalización del Ministerio Público detalla en 180 hojas todas las acciones y situaciones que llevan a la imputación de varios delitos. Revísalos a continuación. 

Joaquín Labbé, Paz Fernández.

Fotos: Aton.

Los hechos clave que el Ministerio Público busca formalizar en caso Factop

Martes 14 de enero de 2025

A más de un año y medio de la divulgación de una grabación que involucra a Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, la investigación de la fiscalía ha logrado sustentar acusaciones por delitos como soborno, cohecho, fraude, estafa y uso malicioso de instrumento privado mercantil. No obstante, la indagatoria ha revelado una trama de mayor envergadura, involucrando a nuevos actores. Junto a los protagonistas del caso audio, los hermanos Jalaff y el Grupo Larraín Vial, quienes enfrentan ahora a un proceso judicial en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Este lunes se desarrolló la primera jornada de formalización en la arista Caso Factop. A continuación, revisa el detalle de la minuta de formalización del Ministerio Público, que en 180 páginas detalla los hechos y acciones que llevan a la imputación de varios delitos. 

La máquina de hacer dinero 

Con fecha 2003, se estableció la sociedad FACTOP, fundada por Alberto Sauer Rosenwasser y sus hijos Ariel y Daniel. La compañía tenía como objeto social desarrollar una variada gama de actividades comerciales, tales como la adquisición, enajenación y gestión de bienes muebles e inmuebles, así como la intermediación en operaciones financieras.

Conforme al acta de accionistas de FACTOP S.A. de fecha 29 de diciembre de 2016, se estableció la composición inicial del directorio de la sociedad, el cual quedó integrado por los señores Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Toppelberg, quien se incorporó a la compañía en esa misma fecha junto a sus hermanos. A estos últimos se les otorgó la calidad de accionistas, mientras que a los señores Sauer y Topelberg se les asignó la responsabilidad de administrar la sociedad y utilizar su razón social.

De acuerdo a la minuta de formalización del Ministerio Público, los hermanos Sauer promovían a la empresa FACTOP como una entidad financiera de sólido prestigio internacional, destacando su extensa red de negocios a nivel mundial. Con base en esta imagen, ofrecían a sus clientes potenciales una rentabilidad superior a la del mercado, garantizada a través de un interés mensual promedio del 1%. Estas altas ganancias se prometían tanto en operaciones de factoring, mediante la compra de facturas, como en la participación en fondos de inversión exclusivos denominados 'family friends'. Para respaldar sus propuestas, los hermanos Sauer presentaban una amplia gama de documentación legal, incluyendo cheques, pagarés y otros instrumentos financieros, con el fin de generar confianza y seguridad en sus inversores. 

Según detalla el informe toda la información que se entregaba de la solvencia y respaldos bancarios, eran falsas. Además, existían operaciones que se realizaban con documentos ideológicamente falsos, entregando cheques que posteriormente fueron protestados por falta de fondos.

Según la fiscalía, los financistas fueron objeto de un engaño mediante la simulación de operaciones de factoring. Los hermanos Sauer, valiéndose de sus propias empresas, emitían y recibían facturas falsas que no correspondían a transacciones comerciales legítimas, creando así una ilusión de actividad económica donde no existía.

Un total de veintiséis personas, debidamente identificadas, resultaron afectadas por la inversión en el negocio de los hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg, sufriendo un perjuicio económico acumulado que supera los siete mil millones de pesos.

 Acciones judiciales que pasaron fronteras

La empresa Global SME GROWTH FUND LP, fue la primera en dar la alerta de que algo andaba mal. Es un fondo de inversión privado con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América.

El 30 de julio de 2019 fue el primer contrato entre la empresa norteamericana y FACTOP, donde desembolsó US$3.000.000, luego existieron tres modificaciones de contrato, aumentando su línea de crédito hasta los US$6.000.000.

Las garantías que se pactaron fue a través de facturas que estaban en el factoring alcanzando 195 documentos tributarios, equivalentes a cerca de 5 mil millones de pesos. De esos 173 no fueron autorizados por el Servicio de Impuesto de Internos, 9 no fueron recibidos y en 13 los datos no coincidían con los registros del servicio. Con estos antecedentes Global SME GROWTH FUND LP presentó una demanda civil en el segundo juzgado civil de Santiago

Según el Ministerio Público buscan  comprobar el delito de estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil para los socios de FACTOP.

Las otras víctimas

Las empresas CONCRECES FACTORING S.A., NUEVO CAPITAL S.A, ZURICH, GALIBO y ESTAFA PRIDA LLACH, según la investigación del Ministerio Público, fueron víctimas de un patrón delictivo. Este modus operandi, caracterizado por la obtención de préstamos, líneas de crédito, compra de facturas y pagarés, involucró a los imputados Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein y Rodrigo Topelberg Kleinkop. Los delitos que se le imputan son estafa y uso malicioso de instrumento privado mercantil en grado de consumación.

 La estructura societaria detrás de las facturas cedidas en dominio revelaba un patrón recurrente: una significativa proporción de estas eran emitidas por empresas vinculadas a Factop o sus socios, como Comercial Textil Ziko Limitada, Inversiones Das Limitada, Asesorías e Inversiones Art Limitada, Inversiones Guayasamin SpA y Asesorías y Negocios Commercia SpA. 

Las empresas 

Entre los años 2021 y julio de 2023, un grupo de empresas, representadas legalmente por Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenwasser y Darío Aníbal Cuadra Junes, emitieron de manera fraudulenta un total superior a 9.900 facturas. Estas operaciones, que involucraron tanto a las propias empresas como a terceros, alcanzaron un valor total que excede los 12 mil millones de pesos.

El perjucio fiscal 

Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Marcelo Medina, en su calidad de representantes de las empresas Inversiones Ensenada Limitada, Inversiones E, e Inversiones Kingston SpA, habrían incurrido en delitos tributarios al declarar pérdidas ficticias en sus declaraciones de renta correspondientes a los años 2022 y 2023. Según la fiscalía, dichas pérdidas habrían sido sustentadas con costos y gastos inexistentes.

El Ministerio Público también denuncia que las empresas, Comercial Textil Ziko Limitada,  Inversiones Guayasamín SpA e Inversiones Das Limitada habrían participado en un esquema fraudulento consistente en la emisión de facturas falsas a Inversiones Ensenada Limitada e Inversiones Kingston Spa. Estas facturas habrían sido utilizadas por Inversiones Ensenada Limitada para respaldar declaraciones de impuestos (Formulario 22) falsas, con el fin de evadir obligaciones tributarias. 

Según la fiscalía el perjuicio fiscal asciende a más de 160 millones de pesos, bajo la tipificación del delito  renta maliciosamente falsa.

Por otra parte, según fiscalía, se ha comprobado que Luis Hermosilla presentó declaraciones de renta falsas para los años 2020 a 2024, omitiendo dolosa y sistemáticamente ingresos por un monto considerable mayor que no fueron declarados al Servicio de Impuestos Internos. 

La protagonista del audio - donde nació toda la investigación - María Leonarda Villalobos, también habría omitido información al SII. La investigación arrojó que los dinero que mantenía en sus cuentas corrientes personales era inferior de los que informó a la entidad fiscalizadora, por eso, el Ministerio Público afirma que la declaración era maliciosamente falsa. Además, los flujos de dineros percibidos desde 2021 al 2024 fueron considerablemente superior a las rentas informadas, generando un perjuicio fiscal de $417.291.779

La Fiscalía investigó a los hermanos Jalaff por la presentación maliciosa de declaraciones de renta y omisión de impuestos. Los montos que habrían evadido Álvaro y Antonio Jalaff superaron los $3.458.826.591 y $2.926.978.745, respectivamente, totalizando más de 6 mil millones de pesos. Estos delitos fueron calificados por el Ministerio Público como presentación de declaraciones de renta maliciosamente falsas y omisión maliciosa de declaración de impuestos

STF: donde partió todo

Los hermanos Daniel y Ariel Sauer, a través de sus empresas Inversiones DAS Ltda., Asesoría e Inversiones Shafahaas Ltda., Asesorías e Inversiones Manada SpA (representada por su Gerente General, Luis Flores) y Asesorías e Inversiones San Nicolás Ltda., constituyeron STF el 7 de febrero de 2013. Ahí Rodrigo Topelberg tenía una parte importante como accionista de dicha sociedad.

Con el fin de cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por la CMF, los hermanos Sauer habrían recurrido a una práctica fraudulenta. Esta consistía en depositar en cuentas de FACTOP cheques emitidos por empresas bajo su control, generando así una apariencia de liquidez que no correspondía a la realidad financiera de estas entidades. Posteriormente, dichos cheques fueron devueltos, evidenciando la naturaleza engañosa de esta operación

Larraín Vial: Fondo Capital Estructurado I

Antes que se creará el fondo llamado Estructurado I , en mayo del 2022 Antonio Jalaff, Manuel Bulnes, Cristián Menichetti, Claudio Yañez, Felipe Porzio y Álvaro Jalaff, junto a otras personas, comenzaron a planificar la estructuración de un fondo de inversión público. Según la fiscalía, Manuel Bulnes creó un grupo de Whatsapp para coordinarse.

El 15 de diciembre de 2022, por aprobación unánime de los directores asistentes de Larraín Vial, Andrés Bulnes Muzard, Andrea Larraín Soza, José Rafael Correa Achurra, Sebastián Cereceda Silva y Jaime Olivera Oliveira Sánchez-Moliní, se da paso a la creación del Fondo de Inversión Capital Estructurado I. 

Según la investigación del Ministerio Público el verdadero objeto del fondo era pagar las deudas que Antonio Jalaff mantenía, a través de su sociedad Inversiones San Antonio Limitada, con diversas sociedades o empresas no bancarias pero, además, tanto con sociedades propias como con otras en que participaban Álvaro Jalaff Y Cristián Menichetti, así como también las deudas que mantenía con FACTOP SpA.


El lavado de activos 

De acuerdo al Ministerio Público los dineros originados en las actividades ilícitas descritas en los puntos anteriores, al menos entre los años 2017 y 2023 (estafa, infracción a la ley de mercados de valores, e invasión al giro bancario), fueron utilizados por los imputados Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Topelbeg y Luis Florespara financiar a grupos económicos y personas de su círculo cercano, entre ellos los imputados Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. 

El lavado de activos se habría realizado a través de: 

-Emisión facturas falsas: actividad coordinada por Daniel Sauer, quien instruyó a trabajadores de Factop SpA, la emisión de boletas ideológicamente falsas, “detallando los montos que debían facturar, las empresas a utilizar y las formas de anular dichas facturas”. 


-Cuentas por cobrar en STF Capital: el imputado Luis Flores Cuevas, como gerente general de STF Capital (en coordinación con los otros imputados) habría realizado varias transferencias de dinero a las cuentas de Factop SPA, “con el fin de destinar dichos recursos al financiamiento de Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Saza, generando así una cuenta por cobrar en los estados financiero de STF Capital”.

“Este mecanismo de financiamiento se realizó mediante el otorgamiento de líneas de crédito en favor de los imputados Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz, líneas que alcanzaban aproximadamente los 4.500 millones de pesos para cada uno. Así mismo a Luis Hermosilla Osorio se le otorgó una sub-línea de crédito avalada en la línea de crédito de Álvaro Jalaff Sanz, la que alcanzó los 356 millones de pesos”, indica el informe de la Fiscalía. 


Para estructurar estas acciones se utilizaron varias empresas, muchas de ellas a nombre de testaferros, emitiendo cheques y facturas ideológicamente falsas que aparentaban la existencia de operaciones comerciales lícitas, pero que, según la fiscalía, no existían.

Como ejemplo de lo anterior, los imputados Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores, usaron sociedades de papel que no contaban con infraestructura necesaria para producir los bienes o servicios a los cuales se suponía se dedicaban. Casos de ello son Inversiones Gyayasamín e Inversiones Das. Para encubrir las acciones ilícitas, también se realizó una triangulación de dinero, con la finalidad de disimular el origen ilícito de las platas.

Con el mismo objetivo se hizo uso intensivo de dinero en efectivo. “Esta operatoria permitió a los imputados eliminar la trazabilidad de determinadas transacciones que pretendían mantener ocultas y no fueron declaradas al Servicio de Impuestos Internos”, se señala en el documento. También se hicieron compras de inmuebles, bienes muebles, así como inversiones de otros tipos.

Por eso, el Ministerio Público apunta  a Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleimkopff, Luis Flores Cuevas, Álvaro Jalaff Sanz, Antonio Jalaff Sanz y Cristian Menichetti Pilasi, como autores de los delitos de lavado de activos.

Soborno y cohecho 


De acuerdo a la Fiscalía, María Leonarda Villalobos Mutter, en su rol de asesora tributaria y abogada de los también imputados Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, y de las sociedades ligadas en propiedad a aquellos como Factop SpA, STF Corredora de Bolsa SpA, entre otros;  contactó a funcionarios públicos para ofrecer dinero  a cambio de la entrega de información que resultara importante para sus clientes, o bien para realizar ciertas acciones que los favorecerían.

El Ministerio Público relata dos casos en particular:

  1. Soborno a un funcionario de la Tesorería General de la República. 

Específicamente Villalobos habría contactado a Renato Robles Iturriaga para que – a cambio de beneficios económicos- este le proporcionara información sobre RUT de personas naturales y jurídicas determinadas, “a fin de tomar conocimiento si se habían realizado giros de tributos o si se habían trabado embargos en contra de tales contribuyentes, entre otro tipo de consultas”. 

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, la imputada Leonarda Villalobos realizó varios pagos a Renato Robles, lo que se concretó en transferencias bancarias desde una cuenta corriente de la sociedad relacionada en propiedad a Villalobos, Steuern SpA. y es así como se muestra en la declaración de Robles:

“(...)la asesorías y trabajos que yo realizaba a María Leonarda Villalobos, recibía a cambio determinadas sumas de dinero por concepto de pago, las cuales se originaban de la empresa Steuern a mi cuenta rut de BancoEstado. En tal sentido, ella me señaló si yo la ayudaba, ella me iba a retribuir con dinero para pagar la Escuela Militar en donde mi hijo estaba como cadete", se indica en la declaración de Robles. 

  1. Soborno a Patricio Mejías Esparza del SII

Leonarda Villalobos, previo acuerdo con Daniel Sauer y Álvaro Jalaff y bajo la dirección de Luis Hermosilla tomó contacto con Patricio Mejías, funcionario público del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos. 

A Mejías, Villalobos le ofreció un pago mensual de $300.000 (que aumentó luego a $400.000) a cambio de información de ciertos contribuyentes (personas jurídicas) relacionadas en propiedad con los hermanos Sauer, Topelberg, Jalaff y la propia Villalobos. 

“La información requerida consistía en revisar si algún contribuyente mantenía alguna situación tributaria pendiente, las observaciones y anotaciones en los sistemas, los libros de venta, pagar tributos, realizar gestiones como autorizar la emisión de facturas, etc., lo que posteriormente debía ser remitido a la imputada a través de Whatsapp”, indica el informe del Ministerio Público. 

Los dineros provenían de Daniel Sauer y Álvaro Jalaff y entregados a Villalobos para su posterior pago a Mejías. 

Fue así como se pudo detectar que Mejías recibió abonos en su cuenta bancaria personal de parte de Villalobos, en las mismas fechas que realizó las siguientes consultas al sistema del SII: 

El Ministerio Público formaliza a: 

-Luis Hermosilla Osorio, María Leonarda Villalobos Mutter, Daniel Sauer Adlerstein, Álvaro Jalaff Sanz y Marcelo Medina del Gatto por el delito de soborno previsto. Villalobos como autor. 

-Para patricio Mejías Esparza y Renato Tobles Iturriaga, se les imputa el delito de cohecho, en carácter de “reiterado participando en calidad de autores”.