Este jueves la Convención Constitucional se reunió en la sesión N°87 para deliberar y votar el segundo informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. La propuesta contenía 52 artículos que no lograron pasar el filtro del pleno. Por 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones se rechazó en general el informe en su integridad, por lo que será devuelto a la comisión para ser modificado y nuevamente expuesto en el hemiciclo.
El documento se refería a varias temas cruciales en materia de medio ambiental y economía, entre los que contaban los estatutos constitucionales del agua y de los minerales, protección de glaciares, modelo económico y derechos humanos ambientales.
La votación trajo polémica entre los convencionales. Desde la Coordinadora Plurinacional increparon al Colectivo Socialista por haber votado en contra del segundo informe. La criticas también llegaron desde otros colectivos como Pueblo Constituyente.
Un retroceso para quienes llevan meses trabajando en la comisión, un hecho irresponsable en donde el colectivo socialista vota igual a la derecha. Partidos que han responsables de la profundización del Neoliberalismo en Chile. #Traidores
— dayyanaGonzalez (@DayyanaGonzalez) April 21, 2022
"Lamentamos que le hayan dado vuelta la espalda a la ciudadanía, a las comunidades, a la población y a los territorios que hace años estamos movilizándonos para poder lograr estas grandes reivindicaciones en este texto constitucional. Lo lamentamos profundamente, y espero que aquellos que hoy día rechazaron y se abstuvieron mediten. Mediten lo que hicieron el día de hoy”, indicó la coordinadora de la comisión Camila Zárate.
En tanto, Juan José Martin sostuvo que lo sucedido “es absolutamente lamentable y es un revés a las confianzas que estaban depositadas en los acuerdos que este informe trae. Un informe que se definió desde el momento uno”.
Lo que hizo la convencional San Juan de leer los nombres de quienes rechazaron/abstuvieron es fascimo puro.
— Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) April 21, 2022
La nueva constitución está siendo escrita por quienes profesan el fascismo. Que duda cabe del resultado que tendremos. https://t.co/KPqznfGkKQ
El debate del agua
Previo a la votación, se llevó a cabo la discusión que comenzó pasado el mediodía. En la instancia, fueron dos los principales temas que concentraron la deliberación.
Por un lado, estuvo el tema del estatuto del agua. El capítulo sobre dicha temática consistía de ocho artículos, siendo uno el que acaparó la atención de los convencionales: el artículo 3, que buscaba que las autorizaciones estatales para el uso de las aguas no generaran propiedad en quienes las solicitaran.
"El Estado podrá autorizar el uso de las aguas. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento", señalaba la propuesta, agregando que "estas autorizaciones estarán sujetas a obligaciones específicas de protección, a causales de caducidad, revocación y demás que sean pertinentes".
Dicho artículo había generado gran expectación en algunos convencionales, principalmente por la idea de que se dejara de generar propiedad en las aguas.
En este sentido, Yarela Gómez (Frente Amplio) expuso que según la actual Constitución "los derechos de los particulares hacia su uso constituye propiedad hacia ellas. Esto significa que se pueden vender, tranzar, especular sobre su precio e incluso limitar a poblaciones completas de su derecho humano al agua, como es el caso de localidades en el norte donde dependen de los camiones aljibes para subsistir el día a día".
En la misma línea, Hugo Gutiérrez (Apruebo Dignidad) señaló que "mientras no se modifique el modelo de propiedad del agua, y no se morigere el excesivo valor acerca el papel de la propiedad privada en la sociedad, por más regulación y racionamiento el agua seguirá faltando y la viabilidad histórica de mi región, Tarapacá, y del país entero, seguirá en permanente riesgo".
No obstante, la propuesta entregada por la comisión sobre agua generó críticas por parte de Vamos por Chile.Harry Jürgensen argumentó que el artículo no "consagra algo fundamental: que el agua constituye un bien nacional de uso público, administrado por el Estado por supuesto, en favor de la vida humana".
"La mayoría también estamos de acuerdo con que todas las cuencas deben conservar un nivel de agua que evite el impacto negativo mayor sobre los ecosistemas, pero debe ser posible extraer agua suficiente para el consumo humano y para que la seguridad alimentaria sea real. Debe permitirse el uso de agua, seguramente con mayor control, pero hay que permitir el uso de agua para impulsar la industria nacional", añadió.
Minería
Por su parte, el capítulo de minería constaba de ocho artículos. La propuesta más comentada fue una que establecía que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados".
Otro señalaba que "el Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismo las sustancias establecidas en el artículo primero. No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado".
El mencionado texto agregaba que "las autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley. Estas autorizaciones no otorgan propiedad".
La propuesta de la comisión también generó diversos comentarios. Algunos señalaban que se debía incluir normas relacionadas a la nacionalización del Cobre.
"La minería privada genera cuantiosos recursos (...) recursos que no quedan para Chile, sino que quedan para transnacionales. Si queremos sostener derechos sociales en temas tan sensibles como salud, educación, el déficit habitacional en vivienda, requerimos de sostenibilidad fiscal y ello obliga a renacionalizar el cobre y otros minerales, pero lo que se desprende este informe es que eso no es prioridad", expuso Marcos Barraza (Apruebo Dignidad).
En la vereda contraria, Bernardo Fontaine sostuvo: "¿Cómo podremos aportar a la electromovilidad mundial con cobre, litio, hidrógeno verde, etcétera, si no contamos con la inversión privada?.
"Una minería solo estatal, en ningún país del mundo, desarrolla la minería en profundidad. Los artículos 22 a 29, con sus autorizaciones temporales y meramente administrativas perjudicarán a los pequeños y medianos mineros en beneficio de los grandes, como así me hicieron aprender en las audiencias. Ahuyentarán la inversión minera, que buscará a otros países, y por favor, no caigamos en la ingenuidad de pensar que somos los únicos con cobre y litio en el mundo (...) lo que estaría lográndose con estas normas significa menos plata para todos los chilenos, y menos impuestos para financiar los derechos sociales. ¿Tiene sentido eso?"