Este sábado la Convención Constitucional se reunió para deliberar y votar las nuevas versiones de las normas de medio ambiente, entre las que destacan artículos que conforman el estatuto constitucional de los minerales. En la ocasión los constituyente aprobaron que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y sustancias minerales.
Recordemos que estas normas están contenidas en el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, el cual debió presentarse nuevamente en el pleno luego de ser rechazado por completo el pasado 21 de abril.
La norma - validada por 121 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones- señala en su primer inciso que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas".
Luego, en su segundo párrafo también aprobado, señala que "la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental".
Además con 111 votos a favor se aprobó el artículo 23 del informe, el cual señala que "el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros".
Desde el Colectivo Socialista el convencional Claudio Gómez valoró la propuesta, afirmando que se basa en un "régimen responsable" y "equilibrado" para el país.
"Somos plenamente responsables de la actividad minera para Chile, el rol del Estado, los privados o la gran cantidad de empleo que se genera y principal fuente de exportaciones para Chile. En tal sentido, proponemos un régimen responsable, equilibrado, de cara al futuro con un rol fuerte de parte del Estado, pero que mantiene la convivencia entre la actividad minera y la protección del medio ambiente y los ecosistemas", indicó.
Desde Vamos por Chile en cambio, el convencional Bernardo Fontaine se mostró en contra de los articulados y advirtió sobre una eventual seguridad jurídica deficiente.
"Las normas propuestas ¿van a generar más minería o menos minería? es de sentido común que estarán sujeta a una precarización legal, o sea menos recursos para que los chilenos, por cuanto a la exploración y explotación quedarán en una precaria seguridad jurídica ¿qué sentido tiene votar a favor de ser más pobres?", dijo.
La pugna por el cobre
En la instancia también se sometieron a votación los artículos que establecía el rol del Estado en la explotación minera, así como la participación de los privados y las autorizaciones para estas actividades.
En esta materia el pleno no llegó a consenso y se devolvió a la comisión la norma que consignaba la explotación exclusiva de hidrocarburos, litio y tierras raras; además en el caso del cobre el Estado podía asociarse con privados pero siempre resguardando su participación mayoritaria.
En el debate el convencional Marcos Barraza de Apruebo Dignidad hizo un llamado a aprobar la norma y descartó un artículo alternativo (eliminado por obtener solo 30 votos a favor) que también proponía el informe sobre la explotación exclusiva de hidrocarburos y litio, definiéndolas como sustancias estratégicas.
"Quiero hacer un llamado a las y los constituyentes a tomar consciencia del carácter estratégico de los minerales como el cobre y el litio para nuestro país. No es una disquisición retórica añeja hablar de nacionalización del cobre, es una urgencia política de proyecciones en el corto, mediano y largo plazo. Tiene las mismas implicancias que tuvo la nacionalización del cobre el año 71. Obviar o pasar por alto eso es no tener consciencia de los alcances de esta norma para el país, y es no tener consciencia que los derechos sociales se garantizan con sostenibilidad fiscal. En consecuencia quiero desestimar la norma 27.b", agregó.
En el lado contrario la convencional Pollyana Rivera de Vamos por Chile sostuvo que la iniciativa era una nacionalización.
"Esto es la nacionalización o estatización de los medios de producción de Chile, tal cual, esto no es un acto de amor como dicen algunos convencionales. Esto es un acto de ignorancia máxima que traerá solo pobreza para nuestro país (...) El crecimiento económico de las últimas décadas se explica en forma irrefutable, no solo con la inversión extranjera que lo sustentó: sino también por un marco jurídico claro y razonables", indicó.
También se devolvieron a la comisión dos normas que esperaban regular las regalías y compensaciones para el Estado por explotación minera.
Impactos y educación ambiental
Por solo 76 votos a favor, se devolvió a la comisión para ser modificada una norma sobre zonas protegidas de la actividad minera. "Quedarán excluidas de toda actividad minera las áreas protegidas, los glaciares, las zonas de origen de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de las demás exclusiones que establezca la ley", sostenía.
Misma suerte corrió el artículo 25 sobre los impactos de la actividad minera.
En tanto el texto que proponía que el Estado promoviera "la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la concientización pública para la preservación del medio ambiente", fue rechazado y se deberá presentar una nueva versión.