Este martes 14 de junio la Convención Constitucional se reunirá para votar las últimas normas transitorias que serán parte del borrador.
La importancia de las normas transitorias radica en que sirven para pasar de una carta magna a otra, si es que la nueva Constitución se aprueba en el plebiscito de salida.
En esta ocasión se trata de casi 40 artículos que fueron reformulados al interior de la comisión y que ahora serán sometidas por segunda y última vez en el pleno del órgano constituyente. Entre ellos destacan temas que han sido centro del debate, como por ejemplo el quorum necesario en el Congreso para reformas constitucionales, hasta 2026 cuando asuma una nueva legislatura y comience a regir la norma permanente.
Lo anterior en el contexto que la norma permanente en el borrador sobre reformas constitucionales quedó con un vacío, al no lograr consenso para especificar el quorum por el cual se podrían hacer modificaciones a la nueva Constitución; lo que se intentará mejorar mediante el artículo transitorio.
El pasado 2 de junio se rechazó – por 71 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones- el artículo que determinaba un quorum de 2/3 para reformar la eventual nueva Constitución, desde la entrada en vigencia de esa y 2026 cuando se inicie el nuevo Congreso.
Tras la devolución de la norma, la comisión presentará ante el pleno el artículo que permitiría al actual Congreso reformar el texto constitucional con un quorum de 4/7 hasta 2026 .
Fin del Senado
Otra de las normas transitorias que fueron devueltas por el pleno a la comisión, fue la que establecía el fin del Senado en el año 2026. Sin embargo, la nueva versión no tiene mayores cambios y señala que "las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026".
Recordemos que la propuesta constitucional sostiene que el Poder Legislativo estaría compuesto por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones; terminando con el actual Senado. Es por eso que las normas transitorias deben plantear una manera de pasar del actual sistema al que se propone.
Comisión Territorial Indígena
La comisión también reformuló la propuesta sobre una comisión territorial indígena. En la nueva versión se establece que "dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas".
Se añade que "sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose éstos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia". Sobre su composición, se especifica que estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas, "a través de un proceso de participación indígena convocado de conformidad al artículo 7° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
Es preciso señalar que esta norma se enmarca en el artículo que ya está en el borrador constitucional sobre el derecho a las tierras, territorios y recursos, que consigna que "el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos".
Cesación en el cargo de jueces activos
La Comisión de Normas Transitorias también aprobó un artículo que permitiría a los jueces y juezas que ya son parte del escalafón primario del Poder Judicial, seguir en sus cargos hasta los 75 años.
Lo anterior fue propuesto tomando en cuenta que en el borrador constitucional existe una norma permanente sobre la cesación del cargo a los setenta años de edad para jueces y juezas del Poder Judicial.
Por 25 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, los integrantes de la comisión aprobaron que “el cese de funciones a los 70 años de edad, no será aplicable a los jueces y las juezas que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial regulado en el Código Orgánico de Tribunales, quienes cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad”.
Además se indica que “para quienes se desempeñan como jueces y juezas de la Corte Suprema, el plazo del artículo [357. Art 3] (14 años)] se computará desde la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Consejo de Implementación
También se someterá a votación en el pleno un cambio al artículo que planteaba una comisión para implementar el nuevo texto constitucional, lo que ahora quedó expresado en la propuesta de "Consejo de Implementación de la Nueva Constitución", la cual funcionaría en el caso de ganar el "Apruebo" en septiembre.
La norma indica que, en el mes siguiente a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Presidente de la República deberá convocar a este Consejo de Implementación, el que tendrá como función "presentar informes de avance y realizar recomendaciones sobre adecuaciones normativas y políticas públicas necesarias para el proceso de implementación de esta Constitución".
Se añade que tendrá una "integración paritaria, con pueblos indígenas, representación regional, además de personas de idónea preparación profesional y técnica, respetando criterios de pluralismo político, y contemplando participación popular".
Este dependerá de la Secretaria General de la Presidencia, quien deberá garantizar su financiamiento y asistencia técnica. Además, se mantendrá en funcionamiento por un plazo de tres años, que podrá ser prorrogado para el cumplimiento de las funciones encomendadas.
Creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua
El pleno deberá votar una norma transitoria que plantea la aplicación de dos consultas vinculantes ciudadanas para determinar la creación de la región autónoma de Chiloé y la de Aconcagua.
"Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, se convocará a dos consultas vinculantes e independientes entre sí, una en las comunas pertenecientes a la provincia de Chiloé y la otra en las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe, de Los Andes y de Petorca, con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua.
La cédula electoral contendrá la pregunta: “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Chiloé?” y “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Aconcagua?”. Cada una con dos opciones: “Apruebo” o “Rechazo”, dice parte del articulo.
Todas las normas transitorias necesitan de un quorum de 2/3 para ser parte del borrador constitucional. Revisa aquí todos los artículos e indicaciones que se votarán este martes 14 de junio.