Senado despacha Ley Nain-Retamal a tercer trámite legislativo

Tras la aprobación en general y en particular de la Ley Nain-Retamal, que busca dar mayores atribuciones y respaldo a Carabineros, a la 1:52 de la madrugada de este miércoles, la Sala del Senado envió la iniciativa a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El avance se gestó por una indicación sobre legítima defensa en el Código Penal que surgió tras una negociación entre el Gobierno y oposicion, la que fue aprobada por 42 votos a favor y 3 abstenciones.

Cabe señalar que, en general, la iniciativa que fusiona los proyectos de Ley Naín y Ley Retamal con el fin de entregar mayores atribuciones a la institución de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendamería, contó con 40 votos a favor y 5 en contra.

Nuevo articulado

El detalle de la nueva redacción de la norma que regula la legítima defensa en el Código Penal, según lo establecido, debería decir: "Se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa".

En esta misma línea, añade que: "Los Tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo".

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REACCIONES

Después de casi diaz horas de discusión, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que "no fue un acuerdo unánime, pero fue un acuerdo mayoritario en cuanto a que había que cambiar y mejorar las normas legales con las cuales los organismos de seguridad, especialmente Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, ejercían su labor y esto tiene que ver con la agenda de seguridad".

A lo anterior agregó que "creo que esta es la línea de avanzar, globalmente, en una nueva agenda de seguridad".

"Esto no va a significar que la delincucia se va a terminar, pero sí que el Estado va a tener más opciones de hacer valer el derecho y quienes están al servicio del Estado, que son sus policías, van a estar resguardados. Eso es lo relevante y yo con eso me quedo", finalizó.

En tanto, desde el Ejecutivo, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se refirió a la aprobación de la ley, en particular a la solicitud de la senadora Fabiola Campillai (IND) del veto presidencial, que fue hecha antes de que se aprobara en general.

"El Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias próximas el veto", enfatizó el secretario de Estado.

Agregando que "el hecho es que hoy el Ejecutivo promovió un acuerdo amplio, y lo promovió con distintos grupos de senadores y yo creo que esa es la noticia" y que "es una solución satisfactoria".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Felipe Kast (Evópoli), entregó los alcances de la iniciativa y los cambios que se le hicieron en dicha instancia.

En este sentido, señaló que la idea es "entregar certezas jurídicas y garantías respecto del actuar de las FF.AA. y de seguridad".

Respecto de la nueva indicación, el Kast explicó que se dejó explicitado que "dicha presunción no aplicará en el caso de los bienes" y, en el caso que "no se logre acreditar el uso racional del armamento de servicio, se considerará la circunstancia como atenuante, salvo que concurra con dolo".

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Por otra parte hubo senadores y senadoras, como Juan Ignacio Latorre (RD) y Daniel Núñez (PC), anticiparon reservas de constitucionalidad, respecto a otras normas, como por ejemplo, el artículo primero sobre el estatuto de protección, donde se rechazó la indicación propuesta por el Ejecutivo y en el artículo nueve, sobre atenuantes y agravantes de las penas, entre otros.

Además, advirtieron que existen "inconsistencias" en la iniciativa y un tratamiento "confuso" en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, por lo que plantearon "resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial".