El Senado aprobó el proyecto de acuerdo que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. La iniciativa contó con 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones.
En documento señala al Presidente de la República que el decreto número 12 del Ministerio de Ciencia, que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, es “inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
El texto además añade que “junto con esto, el proyecto de acuerdo autoriza a esta Corporación a comparecer ante el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.
Sobre los argumentos que se emplearon para frenar la iniciativa del Gobierno, los parlamentarios firmantes del texto plantearon que la Constitución "consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado".
Los parlamentarios que apoyaron la iniciativa sostuvieron además que "dicha Comisión, dentro de sus finalidades, tiene por objeto analizar, evaluar e informar sobre la 'desinformación' en Chile, respecto de su 'impacto en los procesos democráticos' y 'en la calidad de la democracia'.
Asimismo, agregaron que "este derecho fundamental está consagrado en los tratados internacionales" suscritos por Chile, y que la Carta Magna "reserva a la ley la posibilidad de regular o complementar las garantías que ésta establece, o de limitarlas en los casos en que ella lo autoriza, sin afectar los derechos en su esencia".
Finalmente, recalcaron que "la reserva legal establecida en la Constitución respecto de los derechos fundamentales y, en particular, de la libertad de emitir opinión y la de informar, es una garantía esencial del estado democrático de derecho, por la cual se garantiza que el debate y la regulación sobre el más sensible de los derechos políticos sea realizada en el foro democrático por excelencia que es el Congreso Nacional".