La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este martes el proyecto que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustible en contexto de protestas.
Con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones, la iniciativa quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo.
En la sesión de este martes, la Corporación aprobó las modificaciones que previamente realizó el Senado, las cuales consistieron en suprimir dos normas que contenía el libelo desde su primer trámite legislativo.
Concretamente, en la iniciativa original presentada por el Gobierno se castigada con "multas" el porte injustificado de combustible "en el contexto de reuniones en lugares de uso público, portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas".
La multa planteada era de 10 a 20 UTM, es decir, hasta $1.270.300, y se "contemplaba aplicar siempre y cuando la persona no pudiese proporcionar una explicación razonable para su porte".
Esto fue suprimido y se incorporó una disposición penal como sanción. De esta forma, el proyecto aprobado este martes y que ahora será ley, castiga con presidio menor en su grado mínimo, es decir, con hasta 540 días de cárcel a quien no pueda justificar el porte de combustible en medio de manifestaciones.
Gobierno no vetará el proyecto
En el momento que fue incorporada la disposición penal como sanción, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a rechazar el proyecto, argumentando que "la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada para las policías de detener a los infractores".
La secretaria de Estado apuntó a que el texto del Senado fuera descartado en la Cámara Baja para así ir a una comisión mixta y "acordar un mejor articulado que defina una sanción al porte de combustible en reuniones en lugares públicos".
Pese a lo anterior, el Gobierno sufrió un revés y el proyecto fue aprobado. Y si bien el Ejecutivo tiene la opción de recurrir al Tribunal Constitucional o presentar un veto preidencial a la iniciativa, esto ya fue descartado por la propia Tohá.
"Este proyecto tuvo una modificación bastante importante en la tramitación, porque lo que el Ejecutivo proponía era crear en esta materia una sanción distinta a la que, en definitiva, el Parlamento estableció, por eso éramos partidarios de ir a una comisión mixta para buscar un acuerdo y buscar una solución más equilibrada a esto. No fue así, se decidió no ir a una mixta y por lo tanto el proyecto queda despachado", dijo este martes.
Y aseguró que "las informaciones que han señalado que este proyecto sería enviado al Tribunal Constitucional no tienen ninguna fuente fidedigna, nunca el Ejecutivo ha dicho eso".