En horas de la tarde de este miércoles, la Corte Suprema, realizó un pleno extraordinario con el fin de analizar el sistema de nombramientos del Poder Judicial tras las diversas polémicas que se han conocido en los últimos meses y no descartó eventual tráfico de influencias y además aseguró estar disponible a colaborar en investigaciones.
En una declaración realizada por Soledad Melo comunicó que, "el Presidente me ha propuesto como vocera de este Tribunal y he sido ratificada (...) ha habido varias situaciones que han tenido tanto a la prensa como a este tribunal bastante preocupado en este último tiempo, el pleno se ha reunido en varias oportunidades para revisar las situaciones que se han ido planteando".
Agregó que, "específicamente, el día lunes se acordó hacer una declaración pública que dice lo siguiente":
"El sistema de nombramientos de los miembros del Poder Judicial, como también de los auxiliares de la administración de justicia, contempla la participación de los distintos poderes del Estado. En lo que atañe a esta institución, se ha trabajado en mecanismos para asegurar la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes, tarea en la que persistirá y que motivó la convocatoria a un pleno extraordinario el día de hoy", comenzó leyendo.
Bajo este contexto, mencionó que, "la Corte Suprema ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo, y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto, como se ha explicitado desde las Jornadas de Reflexión celebradas en Chillán el año 2014. Este parecer fue reiterado durante los dos procesos constitucionales".
"Atendido los hechos que son de público conocimiento y que se han revelado a través de los medios de comunicación social, este tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura, teniendo como base el Código de Ética Iberoamericano, que actualmente nos rige, por lo que ya en el mes de abril encomendó su elaboración y, por ende, una propuesta de modificación del Acta N° 262 del 2007, Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética", dijo.
Ante esto, enfatizó en que, "sin perjuicio de lo anterior, el Poder Judicial y los miembros que lo componen reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación, estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y, eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan".
En la ronda de preguntas, Soledad explicó que, "el pleno de la Corte Suprema está disponible para las investigaciones que se encuentren pertinentes y si existe algún delito, eso lo determinará el Ministerio Público",
Asimismo, al ser consultada si descarta un eventual tráfico de influencias, respondió categóricamente que, "nosotros no descartamos nada, no se ha adoptado decisión al respecto, por lo que no le puedo decir ni que sí ni que no".
¿Qué se sabe de las polémicas por nombramientos?
Cabe señalar que entre los cuestionamientos, se encuentra el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes tomaron acciones legales en contra del exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN) y la actual ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.
El INDH se querelló tras una filtración de conversaciones en donde el exjuez Juan Antonio Poblete y Mario Desbordes acuerdan gestiones en favor a la magistrada, reveladas en un reportaje de Ciper. Asimismo, con la acción legal en instituto espera que se esclarezcan eventuales actos de corrupción y tráfico de influencias.
Bajo este contexto, el también candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, presentó una querella en contra de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de prevaricación.
"Los querellados actuaron de manera abiertamente ilegal, exorbitando las facultades legalmente establecidas respecto a la legitimidad activa para presentar querellas criminales y torciendo grotescamente el sentido y alcance del tipo penal de tráfico de influencias, dejando en evidencia la existencia de espurios móviles subyacentes a su decisión", detalla el comunicado publicado en La Tercera.
Por otro lado, está el caso de la ministra Ángela Vivanco, luego que se diera a conocer en Ciper que su pareja Gonzalo Migueles habría influido en el nombramiento de Ángel Valencia como fiscal Nacional.
En el reportaje se da cuenta que, el fiscal Carlos Palma confirma a Ciper que "envío al celular de Luis Hermosilla un “pantallazo” con un diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco".