La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculó a la diputada Catalina Pérez, suspendida actualmente de Revolución Democrática, en un posible tráfico de influencias en el caso de Democracia Viva.
Según dio a conocer el diario La Tercera, en un expediente de 60 páginas, Pérez aparece como una de las responsables en la entrega de $426 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ONG vinculada a Revolución Democrática (RD).
“Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, se lee en el expediente del 19 de julio que tiene la PDI.
En esa misma línea los policías apuntan a que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
Una de las primeras testigos en declarar ante la PDI fue Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la Seremi que se desempeñaba como Analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. El 30 de junio relató ante los detectives que “los primeros días de mayo del presente mes el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios de Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”.
La funcionaria agrega que “llamaba la atención que en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”.
Todos los relatos apuntan a que Contreras contrató “a dedo” a la fundación Democracia Viva, pero también a otras.
Méndez, además, señala que en 2021 el Serviu se adjudicó $5 mil millones para todos los Programas de Asentamientos Precarios, y que Contreras al enterarse de esto “invita a través de mail a participar en dicho programa, que hasta ese momento sólo era desarrollado por cuatro fundaciones elegidas por Serviu (Campamento Ideas, Techo para Chile, Urbanismo Social, DPR, que es la Delegación Presidencial Regional y Fusupo)”.
Por lo mismo, agregó: “Ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”.
La PDI, a partir de esas declaraciones, también puso el foco en Paz Fuica, concejala de RD por Antofagasta y brazo de derecho de Contreras. “La concejala de esta comuna Paz Fuica podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”, se lee en el informe.
En ese sentido, también, la PDI advierte: “Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”.