El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que el otorgamiento de la pensión de gracia vitalicia a Andrés Fuica, y el indulto a Luis Castillo, han afectado la gestión del Gobierno respecto al tema de seguridad en el país.
Fuica fue incluido en el listado de afectados por el 18-O, pese a que había sido condenado por robar un supermercado durante el estallido social, mientras que Castillo se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de secuestro extorsivo, robo con retención y manejo bajo sustancias psicotrópicas.
"Es evidente que ha afectado al Gobierno, pero son decisiones políticas complejas. Las decisiones se tomaron; el Gobierno asumió las consecuencias de aquello", dijo Monsalve en entrevista con T13 radio.
"No ha alterado en nada la determinación del Presidente de la República y la determinación del Gobierno de entender, primero, que la seguridad es un derecho que el Gobierno tiene la obligación de garantizar, y segundo, que se requiere de políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país", agregó.
Migración y las relaciones con Venezuela
Cambiando de tema, Monsalve fue consultado por el fallido viaje a Venezuela anunciado durante noviembre pasado y afirmó que "esperamos concretarla durante el mes de enero, en la relación entre dos países tiene que haber intereses comunes. A veces no siempre es fácil encontrar esos intereses comunes, porque la relación bilateral no puede beneficiar a un solo país".
"Luego de firmar la resolución de expulsión, el director de Servicio Nacional de Migraciones tiene que tener una corroboración de identidad que le hace el consulado venezolano. Sin esa corroboración de identidad, no puede subir al avión para ir a Venezuela", acotó.
Monsalve explicó que para que se concrete la expulsión, por ejemplo, de un ciudadano venezolano, "luego de firmar la resolución de expulsión, el director de Servicio Nacional de Migraciones tiene que tener una corroboración de identidad que le hace el consulado venezolano. Sin esa corroboración de identidad, no puede subir al avión para ir a Venezuela".
"En segundo lugar, si es que quisiera enviar a ese ciudadano expulsado a Venezuela en un avión distinto a los vuelos comerciales, necesitaría autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano. O sea, yo no puedo hacer esas expulsiones sin tener un acuerdo con el gobierno venezolano", agregó.