La Contraloría General de la República afirmó este lunes que los funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric no tomaron el curso básico de administración pública y probidad que imparte el ente fiscalizador en el Centro de Estudios de Administración del Estado (CEA).
Ante esto, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que "las capacitaciones, las inducciones, siempre son bienvenidas en cualquier instancia y, particularmente, en lo que respecta a la administración pública".
"Sin embargo, nunca una capacitación más o una capacitación menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa", subrayó.
La autoridad de Gobierno agregó que "la ley se presume conocida por todas y todos cuando se publica y, más cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de Gobierno, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente".
¿Qué dice Contraloría?
Según se conoció, la administración actual decidió no participar del curso en el año 2022 -que no es de carácter obligatorio-, aludiendo "temas de agenda".
Ayer, el ministro de Justicia, Luis Cordero, apuntó a la necesidad de "capacitación básica" para autoridades estatales primerizas, en medio de la polémica y la crisis que ha significado el Caso Convenios.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado abordó la polémica por la renuncia de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, quien traspasó fondos a una corporación cultural.
Sobre esto, el secretario de Estado aseveró que "esto es una dinámica que ha sucedido en gobierno anteriores cuando tienen sus primeras administraciones. Personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración, yo creo que al Estado cuando ingresan, al menos deberían tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro".
En ese sentido, sugirió "al menos tener contratados a tres personas que son esenciales para evitarle problemas administrativos. Un buen jefe jurídico, un buen administrador de finanzas y un auditor. El caso de la subsecretaria, es un caso de libro, en que ella no debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad que ella trabajó previamente en el periodo de dos años".