Para este miércoles 12 de julio, está programada la votación en la comisión revisora la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Proceso que el secretario de Estado deberá enfrentar en medio de la polémica por los presuntos sobrepagos que habría realizado la Junaeb por 30 raciones.
Fue el pasado 19 de junio cuando diez diputados de Chile Vamos y del PDG presentaron formalmente ante la Oficina de Partes de la Cámara Baja el libelo acusatorio, cuyos principales argumentos son la agenda de educación sexual impulsada por la cartera y la no implementación de ciertos programas y/o acciones ante la crisis educacional.
En total, la acusación constitucional contiene siete puntos, mediantes los cuales se busca justificar que el "ministro ha dejado de cumplir importantes obligaciones legales, relacionadas con instrumentos claves para la planificación de políticas nacionales en materia nacional".
En el primer punto, los diputados aseguran que el Ministerio de Educación ha infringido la Constitución Política de la República "al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos relativos a educación sexual y educación no sexista, en establecimientos educacionales de todo el país, contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
Dicho aspecto ha sido uno de los más controversiales de la AC, puesto que los parlamentarios apelan a que la cartera generó e instruyó la aplicación de una serie de guías que contienen "más de propaganda de una agenda ideológica en particular, que de una política estatal donde realmente se consideren otras formas de ver el fenómeno educacional".
En línea con el enunciado anterior, el libelo acusatorio también postula que Marco Antonio Ávila, en calidad de titular del Ministerio de Educación, ha infringido la Constitución "en el diseño, promoción e implementación de las 'Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno' y sus orientaciones temáticas".
De acuerdo con los diputados, lo anterior contraviene "el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
En tercer lugar, a la cartera se le acusa de "excluir a los estudiantes con discapacidad en la política de educación inclusiva de Ministerio de Educación".
Como cuarto argumento de la AC, se estipula que hubo "inacción y falta de diligencia ante los graves problemas de experimienta el sistema educativo público".
En ese sentido, se denuncia al ministro de no generar acciones para combatir el "ausentismo y deserción escolar", la "violencia en establecimientos educacionales". Dentro del mismo punto, se le atribuye la "omisión de realizar un catastro general para conocer el estado de la infraestructura de los establecimientos"; y de generar un desincentivo de la Red de Liceos Bicentenarios de Excelencia".
En quinto lugar, se le acusa al Ministerio de Educación de infringir las leyes que "crean el programa 'Útiles Escolares' de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb), trasgrediendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos". Respecto a este punto, los diputados mencionan que no hubo una correcta implementación de este programa.
También en relación a la Junaeb, el libelo acusatorio plantea que la cartera no implementó correctamente el programa de "alimentación escolar y de alimentación parvularia". Sobre este punto se hace alusión a la exigencia de ciertos productos y a la aplicación del servicio en establecimientos "no contemplados en la programación".
Sin embargo, esta capítulo acusatorio no hace referencia a la denuncia realizada la semana pasada por el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb), Cristóbal Acevedo, quien aseguró que la institución pagó un monto de $3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el marco del programa “Onces”.
Como último punto, la AC menciona que la cartera incurrió en "graves negligencias e inejecuciones en el proceso de implementación de los servicios locales de educación pública".
Polémica con Junaeb
Tras conocerse la denuncia de que la Junaeb habría pagado cerca de $3.500 millones por 30 raciones, varios parlamentarios de oposición insistieron en que se debían incluir estos entecedentes en la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila.
Sin embargo, el presidente de la comisión revisora, el diputado Héctor Ulloa (IND-PPD) señaló que la denuncia realizada por el ex director de Junaeb no es parte del libelo acusatorio.
“Quiero ser claro, estos antecedentes no forman parte del libelo acusatorio, por lo que no podrían ser ponderados al momento de valorar una eventual responsabilidad del ministro”, aseveró el congresista.
En esa línea, el diputado Ulloa indicó que estos “son antecedentes de los cuales la actual administración debe responder con claridad para despejar todas dudas sobre las graves acusaciones”, precisando que “los llamados a fiscalizar eventuales irregularidades son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público”.