Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 78 votos la acusación constitucional presentada por diputados de Chile Vamos, en contra del ministro Marco Antonio Ávila.
De esta forma, el titular de Educación se suma a la lista de secretarios de Estado que han sido sometidos al juicio político por la oposición, durante el Gobierno de Gabriel Boric.
Es más, tras conocerse los resultados de la votación, el propio Presidente de la República hizo referencia a los múltiples libelos acusatorios que han presentado desde Chile Vamos y/o el Partido Republicano.
"Se ha rechazado acusación constitucional contra el Ministro de Educación y profesor Marco Avila (la cuarta que la derecha presenta en menos de año y medio de gobierno). Su falta de sustento jurídico y carácter homofóbico quedaron en evidencia. Han triunfado la justicia y la razón", señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Y es que Ávila es el cuarto ministro que ha sido sometido ante una acusación constitucional, desde el 11 de marzo de 2022. Pues, antes fue el turno de Izkia Siches, Giorgio Jackson y Marcela Ríos.
Frente a esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo aseguró este jueves que las acusaciones constitucionales "parecen tener motivaciones de carácter político".
"Es preocupante que en tan poco tiempo se hayan presentado acusaciones que carecen de caracter jurídico", criticó.
AC contra Izkia Siches
La exministra del Interior, Izkia Siches, fue la primera integrante del gabinete de Gabriel Boric que tuvo que enfrentar una acusación constitucional por parte de la oposición.
Fue el 15 de junio de 2022, cuando el Partido Republicano ingresó a la oficina de partes de la Cámara de Diputadas y Diputados un libelo acusatorio con siete capítulos y un total de 159 páginas.
El texto en cuestión apuntaba a las acciones aplicadas por el Ministerio del Interior en razón de contener y combatir la violencia rural evidenciada en la Macrozona Sur.
En detalle, se argumentaba que Siches tuvo una "reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país". Además, se le acusaba de "entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos".
Por último, se le atribuyó la "omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada 'Coordinadora Arauco Malleco' (CAM), Héctor Llaitul".
Sin embargo, la acusación contra la ministra se "cayó", luego de que la Cámara Baja acogiera la "cuestión previa" con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones. Pese a salvarse, el 6 de septiembre de ese mismo año, Siches dejó la cartera tras concretarse el primer cambio de gabinete del periodo de Boric.
Republicanos piden salida de Jackson
Fue el 4 de enero del presente año, cuando el Partido Republicano intentó nuevamente sacar a uno de los integrantes del gabinete. En esta oportunidad se trató del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien fue acusado de subejecutar el presupuesto de la cartera en relación a los fondos de tierras y aguas indígenas.
En concreto, los parlamentarios aseguraron que el exdiputado sólo destinó el 42%, y también fue acusado de "infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el ejercicio de probidad y la imparcialidad".
Pese a ello, el 19 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social.
No obstante, no ha sido la ´´unica vez que Giorgio Jackson ha estado bajo la mira. Pues, hace unos días, el Partido Republicano amenazó nuevamente con presentar una acusación constitucional en su contra, en el marco del Caso Convenios.
En ese contexto, los diputados aseguraron estar "estudiando minuciosamente" los antecedentes que involucan a los integrantes de Revolución Democrática en el traspaso irregular de fondos públicos a fundaciones.
Los indultos que pusieron en jaque a Ríos
A pocos días de ser presentada la acusación constitucional en contra de Jackson, específicamente el 9 de enero del presente año, parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un libelo para interpelar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
A la secretaria de Estado se le atribuyó la "ilegalidades en los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric" y también se le criticó la entrega de beneficios a reos en la Macrozona Sur.
Pero, el 25 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de Ríos. En detalle, el libelo fue desechado por 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones.
Es importante recordar que estos resultados se dieron a conocer cuando Ríos ya había renunciado al cargo, el cual fue asumido por Luis Cordero.
Ávila sobrevive a la AC
Fue el pasado 19 de junio cuando diez diputados de Chile Vamos y del PDG presentaron formalmente ante la Oficina de Partes de la Cámara Baja el libelo acusatorio, cuyos principales argumentos son la agenda de educación sexual impulsada por la cartera y la no implementación de ciertos programas y/o acciones ante la crisis educacional.
En total, la acusación constitucional contenía siete puntos, mediantes los cuales se busca justificar que el "ministro ha dejado de cumplir importantes obligaciones legales, relacionadas con instrumentos claves para la planificación de políticas nacionales en materia nacional".
A esto se sumó la polémica con Junaeb, ya que parlamentarios de Chile Vamos solicitaron que Ávila se hiciera cargo del supuesto sobrepago de colaciones.
Pese a ello, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 78 votos la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Republicanos desisten de acusar a ministra Aguilera
A mediados de junio, el Partido Republicano anunció que presentaría una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Según explicaron los propios diputados, la medida se basaba en el fallecimiento de una lactante por virus sincitial. Tras este lamentable suceso, la máxima autoridad sanitaria aseguró no pudo ser trasladada desde Sn Antonio a un recinto de salud privado de Santiago, debido a la existencia de "un fallo de Contraloría que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes", lo que posteriormente fue negado por el ente fiscalizador.
Las declaraciones de la ministra costaron la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, lo que finalmente derivó en que el Partido Republicano desistiera de la acusación contra Aguilera.
Montes en la mira
Si bien la oposición no ha presentado una acusación constitucional formal en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, varios parlamentarios han señalado estar estudiando la medida.
¿La razón? El secretario de Estado se encuentra bajo la mira tras estallar el Caso Convenios, el cual abarca una serie de denuncias de supuestos traspasos irregulares de fondos públicos entre las diferentes secretarías regionales de la cartera y una serie de fundaciones.
Es más, a penas se conocieron públicamente los antecedentes del Caso Democracia Viva, el Partido Republicano solicitó la renuncia de Montes, lo que ha sido descartado por el propio ministro y por el presidente Gabriel Boric.