La diputada IND-RN, Paula Labra, le exigió al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley de su autoría, entre otras mociones, para acusar constitucionalmente a gobernadores o gobernadoras regionales.
De acuerdo a la parlamentaria, el objetivo de la instancia es que "necesitamos ponerle freno a la corrupción, comenzando con la Gobernadora del Maule, Cristina Bravo".
Su justificación, según explicó, se basa en que "el 4 de julio oficié a la Contraloría, para que se pronunciara sobre una serie de irregularidades en el convenio ‘Juntos y Juntas Nos Sentimos Más Seguros’, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social. Estas irregularidades terminaron siendo confirmadas por el Contralor, Jorge Bermúdez, y dentro de las más graves, está el hecho que Contraloría constató que el Gobierno Regional del Maule fue el único de los investigados en el cual hubo tráfico de influencias".
En concreto, la parlamentaria argumentó que el tráfico de influencias "quedó establecido producto de que Contraloría confirmó que el convenio se supeditó en su ejecución, a que la fundación Urbanismo Social contratara a personas vinculadas políticamente con la Gobernadora".
Por otro lado, la diputada sostuvo que "se acreditó que la descripción del convenio no tiene ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, solo costos globales, que no justifican los montos finales que se transfirieron".
Respecto de la necesidad de acusar constitucionalmente a la Gobernadora, Cristina Bravo, Labra agregó que "en virtud de la constatación del tráfico de influencias, sabemos que Contraloría está llevando a cabo un sumario en la Gobernación para perseguir las responsabilidades administrativas y fiscalía está haciendo lo propio con las responsabilidades penales".
"No obstante, las responsabilidades políticas hasta aquí están sin ser determinadas. En el caso del Maule hay evidencia suficiente y no podemos permitir que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos sean dirigidos al bolsillo de unos pocos", complementó.
Otro que también apuntó en la misma dirección fue el diputado de Republicanos, Benjamín Moreno, autor de otro proyecto que busca especificar que los gobernadores regionales puedan ser acusados constitucionalmente.
"Es evidente que a los gobernadores no los fiscalizan como se requiere y tienen que ser sujetos de acusación constitucional para que otro poder del Estado y no los mismos miembros del Consejo Regional sean también quienes fiscalicen a los gobernadores. Así como el Ejecutivo fiscaliza al Legislativo, el Legislativo también tiene el deber de fiscalizar las distintas instancias del Poder Ejecutivo, que en este caso son los gobernadores", sentenció Moreno.