El Gobierno puso suma urgencia a la Ley Miscelánea de Educación, que busca suspender las evaluaciones docentes (2022-2023) y agiliza el bono de retiro.
El proyecto fue ingresado el 4 de julio y se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados para su primer trámite. Las y los parlamentarios deberán despachar el proyecto en un plazo de 15 días.
La iniciativa señala que la pandemia "interrumpió" el sistema educativo, lo que originó que procesos no se desarrollaran o cuenten con una situación de rezago.
En esta línea, la normativa busca "mejorar la gestión del sistema educativo, en particular de los establecimientos educacionales públicos, ya sea que dependan de municipalidades, corporaciones municipales o Servicios Locales".
De esta manera, la medida establece que "el traspaso del servicio educacional desde las municipalidades y corporaciones municipales que correspondan, a los Servicios Locales de Educación que entraron en funcionamiento el presente año, se producirá el 1 de enero de 2024".
Asimismo, agrega que "el Director de Educación Pública podrá delegar esta facultad en funcionarios de su dependencia, lo que no modificará la responsabilidad de dicha autoridad, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada".
En segunda instancia, la norma pretende suspender "la rendición de la evaluación de desempeño profesional y los instrumentos del Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente para los profesionales de la educación que les corresponda ser evaluados en los años 2022 y 2023". Bajo este contexto, los profesionales podrían rendir voluntariamente la evaluación.
Finalmente, respecto a la bonificación por retiro voluntario, el proyecto indica que "el Ministerio de Educación, en cada uno de los procesos anuales, podrá asignar beneficiarios, así como establecer la transferencia de recursos a un mismo sostenedor, a través de uno o más actos administrativos".
Además, el Mineduc podrá solicitar cualquier tipo de información, antecedentes o datos a organismos públicas o privadas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de la ley.