La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó el ingreso del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones que fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de agosto.
Las observaciones del Ejecutivo apuntarán a tres aspectos: la autotutela o legítima defensa privilegiada, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.
Acorde a lo señalado por la secretaria de Estado en la noche de este viernes, "en las conversaciones vimos que había distintas observaciones y lo que preferimos entonces es hacer un veto en que se formula cada observación por separado. Son varias observaciones distintas, como les decía, 10 que son de fondo y 4 que son formales. Y cada una es distinta, algunas son aditivas, otras son supresivas, otras son sustitutivas. Hay de todos los tipos según el contenido".
AUTOTUTELA O LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA
Sobre el primer aspecto, explicó que "en el caso de la usurpación, hace valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. Entonces, se saca todo este régimen especial que se había creado acá, que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran por sus propias manos, con armas, con terceros y en cualquier momento, ir a hacer reivindicación de su bien".
"Se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que, en todo momento, puedan actuar las policías. Entonces, no va a haber esta autotutela, pero sí va a haber la posibilidad de acción de las policías en cualquier momento. Eso, hoy día, no existe", agregó.
GRADUACIÓN DE LAS PENAS
Respecto del segundo punto, Tohá detalló que "se hace una modificación de las penas que estaban previstas para hacerlas graduales. Respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba, que es un presidio menor en su grado medio a máximo. Esa es la pena que propuso el Parlamento y no se toca".
"Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior. Entonces, queda presidio menor en su grado medio. Y en el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, (...) lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa", sumó.
RESTITUCIÓN DE LOS BIENES
Asimismo, la titular de Interior expuso que "la tercera observación es una cosa bien puntual y es que hay instrumentos por los cuales los propietarios pueden pedir que le restituyan el bien cuando está judicializado el caso. El que estableció la ley se llama tercería. De aquí se agregó otro más, es otra modalidad para pedir la restitución que se llama restitución anticipada. Es simplemente una modalidad por la cual se pide que se entregue para disponer del bien cuando hay un proceso judicial en curso".
En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aseguró que "nosotros esperamos que exista voluntad para aprobar este veto porque creemos que corrige los aspectos más complejos de lo aprobado, particularmente el tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, algo que va en contra de las bases de nuestro ordenamiento jurídico y particularmente nuestro sistema penal".