El fiscal nacional Jorge Abbott se refirió a la investigación que se está llevando a cabo en contra de la Secretaría General de la Presidencia, por el presunto delito de malversación de caudales públicos, materializado en la impresión de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.
Lo anterior, pues el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella interpuesta por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, que cuestiona el uso de fondos que superan los $400 millones.
La impresión de los textos se concretó a través de una contratación directa con la empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por la suma total de $444.615.384.
Al respecto, Abbott señaló que "he conversado con el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendariz, quien me ha indicado que lo que le ha solicitado a la Segpres es información respecto a la veracidad sobre la existencia de la adquisición de los textos legales en cuestión, y cuál es la justificación legal".
"Ese es el sentido de la información que se le ha solicitado a la Segpres. La investigación está en etapa inicial, lo que se ha pedido es información inicial en términos de que si es efectivo el hecho de la adquisición, y luego cuál es la justificación legal, para luego ver si se encuadra dentro del marco legal y si puede ser constitutivo de algún delito", acotó.
Así, el líder del ente persecutor afirmó que "el Ministerio Público tiene que reunir todos los antecedentes necesarios para poder luego tomar una decisión respecto de la querella que ha sido presentada y aceptada".
Sobre los plazos de la investigación, aclaró: "La sanción de un eventual delito cometido por un funcionario público no tiene ninguna relación con un Plebiscito. En consecuencia la investigación tendrá un tiempo necesario para poder tomar una decisión fundada".