Durante la jornada de este lunes, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunció la presentación de una modificación legal que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas.
Fue en medio de su visita a Iquique, donde la secretaria anunció la modificación, acompañada del subsecretaria de Justicia, Jaime Gajardo y el delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Daniel Quinteros Rojas.
Fiscal Regional Raúl Arancibia participó esta mañana en anuncio realizado por ministra Marcela Ríos @MinjuDDHH de proyecto de ley que restablece posibilidad de expulsión de extranjeros condenados por Ley 20.000, a fin de descongestionar sistema judicial y sistema carcelario. pic.twitter.com/cRdW5QOCp0
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) August 22, 2022
La novedad informada por Ríos, se da en contexto donde la población migrante recluida se ha incrementado y se concentra en el norte del país. Específicamente, creció desde 3,7% en 2013, hasta abril de este año.
De esta manera, la iniciativa propone exigir requisitos para que se concrete como una pena sustitutiva. En este sentido, la condena no puede ser superior a 5 años y 1 día; la persona no puede registrar otras condenas, haber cumplido un tercio de la pena originalmente impuesta de manera efectiva y tener buen comportamiento.
Al respecto, la ministra Ríos expresó que "esto es un paso clave, nosotros estuvimos en esta misma región hace un mes, y tal como lo comprometimos, regresamos con propuestas y evidencia en mano para hacernos cargo de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, tal como nos lo han hecho saber".
¡Comenzamos una nueva jornada de #GobiernoEnTerreno desde Iquique! 🌴
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) August 22, 2022
🗣 Ministra @mriost y subsecretario @jgajardofalcon anuncian proyecto de ley, en relación con personas extranjeras que cumplen condena en Chile por delitos de drogas. pic.twitter.com/n9AMYqTd2M
Y añadió que "respecto de la modificación, quienes hagan uso de la pena sustitutiva, se les va a imponer, además, una prohibición de volver al país por 10 años, y en el caso que se les encontrara de regreso, tendrán que cumplir la pena efectiva en un recinto penal".
Asimismo, el subsecretario de Justicia calificó la medida como "esencial" y "clave para la seguridad pública".
"Que tengamos un sistema penitenciario que nos permita tener condiciones necesarias para que se pueda realizar la reinserción social es fundamental", cerró Gajardo.