Los diputados Andrés Longton y Andrés Celis, de Renovación Nacional (RN), ingresaron un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que indague todos los aportes realizados desde el Estado a fundaciones y ONG, en el marco del denominado "Caso Convenios".
El oficio apunta a Enred, un Techo para Chile, ProCultura y Posible otro Chile. Longton indicó que "la verdad es que hay una nebulosa respecto a la información que, según el registro de colaboradores, debería entregarse, (ya que) podrían ser más y los montos, según medios de comunicación, son mayores. Pero de acuerdo a las páginas que uno ingresa por Transparencia, esos montos no son los que efectivamente se informan por otros medios", indicó Longton.
En el caso de Procultura, la entidad figura entre las organizaciones que recibieron aportes para un plan de intervención estatal en campamentos en 2022, mientras que en su sitio web se define como una organización "sin fines de lucro que, a través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales, genera oportunidades de desarrollo para las comunidades".
"Lo que pasa con Procultura, al menos es sospechoso desde el punto de vista del giro que tiene la fundación, desde el punto de vista de lo que se están dedicando ahora, que son los campamentos, y a los municipios que se le entregó recursos, que son ligados directamente al Gobierno", señaló el legislador RN.
"Las actividades culturales tienen poco y nada que ver con los asentamientos precarios, con los campamentos, con el saneamiento, con la habitabilidad. Y eso, obviamente que es tremendamente sospechoso, esperemos que el contralor no solamente indague aquello, sino que derive los antecedentes al Ministerio Público si es que hay algún delito", concluyó el parlamentario.
Cabe señalar que Procultura fue una de las 23 fundaciones que participó el pasado 28 de junio a un encuentro con el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
El director de la entidad, Alberto Larraín, criticó a través de Twitter que se haya involucrado a la institución en el Caso Convenios: "La irresponsabilidad es mucha y ponen en juego muchos proyectos y el trabajo de 14 años. Luego solo se encogerán de hombros".
Recordemos que la polémica estalló luego de que Diario de Antofagasta revelase tres convenios de casi $426 millones que fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva para trabajar con campamentos en la región.
Los contratos fueron suscritos por el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue asesor de la diputada Catalina Pérez y el segundo fue pareja de la legisladora, todos ligados entonces a Revolución Democrática (RD).
La situación dio pie a sospechas en torno a las ONG ligadas a RD, entre ellas Urbanismo Social. En tanto, Contreras y Andrade fueron expulsados de RD, mientras que la militancia de Pérez fue congelada.