A contar de las 10:00 horas de este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá y votará la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentada por la bancada del Partido Republicano.
El partido argumentó el libelo indicando que la autoridad, a su juicio, recurrió en "comprometer gravemente la seguridad nacional".
Asimismo, el texto, presentado el 30 de septiembre pasado por las diputadas Sofía Cid, Catalina Del Real, y por los diputados Cristián Araya, Juan Irarrázaval, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Renzo Trisotti consta de dos capítulos acusatorios:
- Haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, y haber dejado éstas sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente
- Haber infringido la Ley de migración y extranjería, y haber dejado leyes sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras en medio de la crisis de migración ilegal más grave de nuestra historia reciente
Por su parte, la acusación será discutirda y votada con informe negativo por parte de la comisión revisora. Cabe señalar que esta instancia NO es incluyente en la decisión final.
La comisión revisora estuvo integrada por Jaime Araya (IND, presidente), Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (PAH), Marta González (IND) y Guillermo Ramírez (UDI).
El martes pasado, los cuatro primeros rechazaron la procedencia de la acusación, por lo cual el libelo llega con informe negativo a la Sala.
"Los acusadores no cuentan con un presupuesto básico"
La propia ministra Tohá destacó que en la AC no se exponen "acciones u omisiones específicas, sino que se limitan a realizar afirmaciones que califican el mérito de mi gestión o presentan su disconformidad con ellas".
De la sola lectura del primer capítulo acusatorio, agregó, "resulta claro que los acusadores no cumplen con un presupuesto básico para la imputación de responsabilidad constitucional: la identificación de hechos que configuren una infracción al ordenamiento jurídico".