La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles en Sala la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila.
El libelo fue descartado por votos 69 a favor, 78 en contra y 0 abstenciones, instancia que se concretó en medio de profundas diferencias al interior de la oposición, donde no se sufragó en bloque.
En estricto rigor, lo que votaba en la Cámara era la admisibilidad de la acusación. Como se rehazó, el libelo se da como no presentado.
Así fue la sesión
Los 7 puntos de la acusación
En total, la acusación constitucional contenía siete puntos, mediantes los cuales se buscaba justificar que el "ministro ha dejado de cumplir importantes obligaciones legales, relacionadas con instrumentos claves para la planificación de políticas nacionales en materia nacional".
En el primer punto, los diputados aseguraban que el Ministerio de Educación ha infringido la Constitución Política de la República "al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos relativos a educación sexual y educación no sexista, en establecimientos educacionales de todo el país, contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
Dicho aspecto fue uno de los más controversiales de la AC, puesto que los parlamentarios apelan a que la cartera generó e instruyó la aplicación de una serie de guías que contienen "más de propaganda de una agenda ideológica en particular, que de una política estatal donde realmente se consideren otras formas de ver el fenómeno educacional".
En línea con el enunciado anterior, el libelo acusatorio también postulaba que Marco Antonio Ávila, en calidad de titular del Ministerio de Educación, ha infringido la Constitución "en el diseño, promoción e implementación de las 'Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno' y sus orientaciones temáticas".
De acuerdo con los diputados, lo anterior contravenía "el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
En tercer lugar, a la cartera se le acusaba de "excluir a los estudiantes con discapacidad en la política de educación inclusiva de Ministerio de Educación".
Como cuarto argumento de la AC, se estipulaba que hubo "inacción y falta de diligencia ante los graves problemas de experimienta el sistema educativo público".
En ese sentido, se denunciaba al ministro de no generar acciones para combatir el "ausentismo y deserción escolar", la "violencia en establecimientos educacionales". Dentro del mismo punto, se le atribuye la "omisión de realizar un catastro general para conocer el estado de la infraestructura de los establecimientos"; y de generar un desincentivo de la Red de Liceos Bicentenarios de Excelencia".
En quinto lugar, se le acusaba de infringir las leyes que "crean el programa 'Útiles Escolares' de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb), trasgrediendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos". Respecto a este punto, los diputados mencionan que no hubo una correcta implementación de este programa.
También en relación a la Junaeb, el libelo acusatorio planteaba que la cartera no implementó correctamente el programa de "alimentación escolar y de alimentación parvularia". Sobre este punto se hace alusión a la exigencia de ciertos productos y a la aplicación del servicio en establecimientos "no contemplados en la programación".
Sin embargo, esta capítulo acusatorio no hacía referencia a la denuncia realizada la semana pasada por el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb), Cristóbal Acevedo, quien aseguró que la institución pagó un monto de $3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el marco del programa “Onces”.
Como último punto, la AC mencionaba que la cartera incurrió en "graves negligencias e inejecuciones en el proceso de implementación de los servicios locales de educación pública".