La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó y despachó el proyecto que regula los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público.
La propuesta, que continuará su tramitación en el Senado, busca establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro, cuya amenaza será calificada como tal por el o la delegada presidencial regional. Para ello se distinguirán los siguientes niveles: riesgo extremo, alto, moderado y bajo.
En caso de los calificados de "extremo" y "alto", el o la delegada presidencial regional ordenará, mediante resolución fundada, que la inhumación se realice dentro del plazo de 24 horas, contadas desde la notificación de dicha resolución.
Para calificar el riesgo del funeral, la autoridad podrá requerir información a la PDI y a Gendarmería.
Asimismo, si un órgano de la administración del Estado, en el marco de sus competencias, tiene antecedentes de que un funeral pudiere ser de riesgo, informará de inmediato a la delegación presidencial regional.
La resolución deberá considerar el informe técnico que elaborará Carabineros. Dicho texto considerará los antecedentes delictuales del fallecido y las circunstancias del deceso, entre otros puntos. La información será reservada para terceros ajenos al procedimiento.
Respecto a este primer paso en la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra Tohá señaló que "el compromiso adoptado por ambas cámaras es que en septiembre se transforme en ley".
Sobre su contenido, la autoridad indicó que "lo que hace es generar condiciones para que los funerales que tienen esta condición de alto riesgo sean más breves".
Y agregó que "permite que el cuerpo de la persona fallecida sea desplazado directamente desde el lugar de la muerte o el Servicio Médico Legal al cementerio donde será enterrado, para así evitar estos múltiples traslados que son objeto de estas dinámicas violentas que se dan en los funerales narcos".
PLAZO DE ENTIERRO
En el plazo de 24 horas se deberá realizar la totalidad del proceso funerario. Ello comprende el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el Servicio Médico Legal hasta el lugar donde se realizará el velatorio. Asimismo, la cremación o sepultación deber ser dentro del crematorio o cementerio legalmente autorizado de acuerdo al Código Sanitario.
La notificación de la resolución de la delegada presidencial regional se efectuará personalmente en el menor tiempo posible al pariente más próximo, en el siguiente orden de prelación: hijos, ascendientes y hermanos.
El proyecto despachado al Senado también hace referencia a los delitos cometidos dentro del cementerio, crematorio y/o en sus inmediaciones, detallando que esos casos se aplicarán penas específicas que excluirán el grado mínimo, por ejemplo, en infracciones a las leyes de armas y la que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.