La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares para dos de los tres imputados por el asesinato del cabo segundo David Florido.
La petición vino por parte de las defensas de Marcela García, funcionaria del Poder Judicial formalizada por encubrimiento; y del menor de 17 años, a quien se le imputó el delito de porte de arma de fuego.
El abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Marcos Pastén, logró mantener a la mujer con la medida cautelar de prisión preventiva, y al menor de edad bajo el régimen de internación provisoria.
Fue el pasado lunes 20 de junio cuando los dos individuos fueron formalizados junto a Juan González Quezada, presunto autor del disparo que le quitó la vida al uniformado la tarde del 10 de junio, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
En dicha audiencia, García declaró haber sido engañada y atemorizada por González. La defensa de la mujer señaló que el hombre le mintió sobre el tiroteo, para en una segunda ocasión confesarle su participación en la balacera pero sin asumir responsabilidad.
El abogado defensor de la imputada, Richard Maldonado, señaló que su defendida le dijo "que se entregue, alterándose, casi pegándome una cachetada, y que no volviera a decir eso porque no se iba a entregar, porque prefería matarse o agarrarse a balazos con los 'pacos'".
Además, agregó que por temor a González no habló sobre el hecho. Fue así como la tarde del viernes 17 de junio, Marcela García acompañó a los efectivos del OS9 a Colina y señaló el auto en el que se trasladaba el individuo, pista clave para lograr su detención.