La Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, realizó un allanamiento en la oficina del diputado Joquín Lavín León (UDI) en el Congreso Nacional, en el marco de acusaciones que lo vinculan a la emisión de facturas ideológicamente falsas en el marco del caso de corrupción que salpica a su esposa, Cathy Barriga.
Fuentes de 24 Horas aseveraron que funcionarios policiales y del Minsiterio Público llegaron a las oficinas del parlamentario en Valparaíso para recopilar antecedentes del caso, considerada una arista de la indagatoria principal por la cual es acusada su esposa y ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Joaquín Lavín León habría emitido facturas ideológicamente falsas por montos cercanos a los $17 millones, rendidos al Congreso Nacional, con el objetivo de ser usados en papelerías con fines publicitarios y de campañas políticas.
Sin embargo, estos dineros no habrían sido utilizados, en base a la denuncia.
La fiscal Constanza Encina es quien lidera la diligencia al interior de la sede parlamentaria.
Se espera que Lavín León entregue una declaración al respecto. Cabe señalar que el congresista no ha sido formalizado por alguna arista judicial pese a ser vinculado a la cuestionada administración de Cathy Barriga en Maipú.
"Daña profundamente al Congreso"
Camila Musante, diputada independiente, indicó que el procedimiento judicial ejecutado por la PDI y la Fiscalía "daña profundamente al Congreso Nacional".
"El diputado ni siquiera consideró que muchos de nosotros tenemos una vocación de servicio público. Este tipo de situaciones nos daña a todos", aseveró al Canal 24 Horas.
Asimismo, enfatizó que en el caso "serían boletas ideológicamente falsas en un intento de blanquear los chanchullos (de Cathy Barriga en Maipú) a través del Congreso".
"Espero que no haya privilegios ni tratos especiales. Que caiga todo el peso de la ley sobre el diputado si es culpabe, ya que existe impunidad para quienes tienen cargos políticos y públicos", sentenció.
Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo sostuvo que "deben haber antecedentes muy concretos" para la realización del allanamiento, considerando que Lavín no ha sido formalizado.
"Tiene que haber transparencia absoluta. Si la Fisclaía tiene los antecedentes, debe actuar", complementó.