El reglamento de la Ley de Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) o “Ley Uber” lleva varios meses en diversos análisis, y en esta ocasión el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ingresó por segunda vez el documento a Contraloría General de la República (CGR) para su posterior toma de razón.
Sin embargo, el reglamento todavía no convence a las aplicaciones de transporte privado de pasajeros, las que acusan que de concretarse “afectará directamente la oferta de automóviles disponibles para las personas, la calidad del servicio y el costo de los viajes”.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, desde la semana pasada las apps de transporte y delivery -coordinadas bajo Alianza In, dirigida por la exsenadora Marcela Sabat- anunciaron que ingresarían a la Contraloría una serie de observaciones -Cabify ya lo hizo- buscando que el ente fiscalizador las revisase junto con el reglamento, retrasando con ello su aprobación y publicación.
En esa línea, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) retiró por segunda vez el documento de Contraloría tras una petición de la contralora Dorothy Pérez. En la solicitud se detalló que "se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido”.
De todos modos, desde la cartera sostienen que el retiro responde a un proceso normal en materia de aprobación de reglamentos, descartando que responda a cambios sustantivos o de fondo a la normativa.
En consecuencia, según Alianza In, al no haber modificaciones a los requisitos de vehículos, el nuevo reglamento sigue impactando al 40% de los conductores. Es decir, al menos a 40 mil personas que ven en las aplicaciones su fuente principal o secundaria de ingresos.