El Gobierno presentó este martes la agenda legislativa por derechos humanos, en el marco de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado.
El secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en conjunto con el ministro de Justicia, Luis Cordero, detallaron que el Ejecutivo decretará urgencia y establecerá indicaciones a cuatro proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso y, además, se ingresará una iniciativa nueva.
"El marco de esta actividad es anunciar las medidas comprometidas por el Gobierno del Presidente Boric para avanzar en una robusta agenda de derechos humanos, que nos permita sentar las bases para que nunca más se cometan las atrocidades que el país sufrió en el contexto de la dictadura, cuando conmemoramos 50 años del Golpe de Estado", sostuvo Elizalde.
Al respecto, el secretario de Estado precisó que la agenda legislativa por derechos humanos contiene los siguientes cinco puntos: calificación jurídica de ausente por desaparición forzada; tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; levantamiento para el Plan Nacional de Búsqueda del secreto vinculado a la información contenida en la llamada Comisión Valech.
Asimismo, la creación de un Plan Nacional de Memoria y Patrimonio; y eliminación de la restricción de información que existe respecto de las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circlacón restringida.
Levantamiento parcial del secreto Valech
En concreto, el levantamiento parcial del secreto Valech permitirá hacer disponibles, bajo reserva, los antecedentes obtenidos gracias a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para su análisis y sistematización como parte del trabajo de reconstrucción de las trayectorias de personas detenidas desaparecidas que llevará a cabo el Ministerio de Justicia.
Esto, en cumplimiento con el Plan Nacional de Búsqueda, firmado y lanzado la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric.
A su vez, establece habilitar la posibilidad de quienes hayan presentado su testimonio a la Comisión, o sus descendientes, puedan solicitar el levantamiento de la moratoria respecto de su caso.
Además, permite resguardar la voluntad de aquellas víctimas que hayan presentado su testimonio a la Comisión Valech, habilitando el acceso de los tribunales de justicia a testimonios específicos.
Frente a este tema, el ministro Cordero fue enfático en señalar que "son las víctimas y sus herederos los que deciden qué se hace con esa información".
Al ser consultado por su eventual aprobación en el Congreso, la autoridad anticipó que "hay una razón de persuasión suficiente para que así sea".