El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, habría autorizado el pasado 25 de enero la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, quienes advirtieron que esto "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada", ya que los internos se comunicarían con terceros que no se encuentran autorizados por la administración penitenciaria.
Pese a esta situación, Urrutia habría ratificado su resolución, lo que llevó a la institución a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso en el cual alertan sobre la gravedad de la decisión.
"Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados", señala el documento consignado por el medio citado.
En esta línea, argumentan que el hecho que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros, "es particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración".
Al respecto, el coronel Luis González, subdirector operativo (s) de Gendarmería, recalcó que "el REPAS alberga a los internos de mayor peligrosidad a nivel nacional, porque han cometido delitos de alta connotación pública, por lo tanto, están en un régimen diferenciado de reclusión que obviamente es mucho más restrictivo".
Finalemente, el tribunal de alzada dio una orden de no innovar, suspendiendo la resolución del juez Urrutia. El 13 de febrero, el tribunal de garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remita un informe con los detalles de la decisión.