Con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir quedó un padre tras demandar a su ex pareja por pensión de alimentos.
Se trata de Marco Ortiz, quien tiene la custodia de su hija de 10 años desde 2019 y ahora denuncia que el tribunal emitió un fallo con los nombres cambiados, quedando con varias medidas cautelares.
Según relató el afectado a Las Últimas Noticias (LUN), todo comenzó en 2018, cuando su ex pareja decidió volver a la ciudad de Arica, terminando así su relación.
"Acordamos de palabra que la niña se quedaría conmigo, todo en buena onda. La idea era que ella aportara con lo que pudiera, pero en todo el 2018 eso no pasó. El 2019 la demandé por alimentos y se acordó una pensión que ahora va en poco más de $200.000, pero que paga muy rara vez. Ella pidió recuperar la tuición, pero la jueza dijo que no, porque la niña estaba bien conmigo", recordó.
La mujer continuó no pagando la pensión acordada y, por ende, la deuda se acrecentó cada vez más. Como consecuencia de lo anterior, Ortiz solicitó las medidas de apremio en contra de la madre de su hija, quien aparece en el registro nacional de deudores de pensión alimenticia, por más de un millón de pesos.
"El 3 de marzo ingresé a la página del Poder Judicial y solicité la medida. A finales de marzo y abril la mamá pagó un poco. Asumí que había funcionado, pero en mayo no pagó. El domingo me metí al Poder Judicial a ver y resulta que el 8 de marzo había aceptado la resolución, aceptando todo lo que yo pedía, pero con mi nombre, o sea, yo aparezco com deudor", relató.
En la resolución del caso, la magistrada Sandra Bendeck falló con los nombres invertidos entre la demandante y la deudora.
"La jueza como que dio por hecho que el hombre es el que debía y me puso las medidas cauterales a mí. Lo más insólito es que la cuenta del banco a donde yo debía depositar es la mía. Es decir, sólo me cambiaron los nombres y los rut", complementó el hombre.
Si bien en tribunales reconocieron el error y enviaron un escrito para dejar sin efectos la resolución y las medidas cautelares, las autoridades le notificaron que el proceso no era inmediato.
"Me afecta mucho por mi trabajo, no quiero tener problemas", reclamó Marcos Ortiz, quien finalmente optó por recurrir a la Corte de Apelaciones.